Un nuevo comienzo
En agosto de 1947 se proclamaba la independencia de Pakistán, esperando que el sueño de Muhammad Iqbal, de un Estado independiente para los musulmanes de la India británica y basado en los ideales de modernidad y democracia se hiciera realidad. Algo más de seis décadas después, ese sueño sigue sin cumplirse y desgraciadamente, el país se encuentra, una vez más, dividido por fuerzas internas y amenazas externas. Estas últimas en aumento en gran medida como consecuencia de la situación en Afganistán y el terrorismo internacional y sus connotaciones dentro del propio país asiático.
Desde su sangrienta partición, Pakistán se encontró de repente como un nuevo e inseguro Estado, territorialmente dividido, administrativamente incompleto, con una complicada relación entre las provincias y el centro, económicamente muy necesitado de ayuda y súbitamente en un estado de guerra perenne con su otra media mitad sobre el territorio de Kachemira.
Es por ello que no fue una sorpresa que en 1958, y tan sólo dos años después ha haber sido promulgada la constitución paquistaní, esta fuera derogada por el primer golpe de Estado. Esta usurpación del poder por las armas fue realizada inicialmente como una medida transitoria para remediar el desorden y caos interior, que, a entender de los militares, se apoderaba del país producto de las diferentes fracciones políticas, ideologías contrarias al «establishment» y las disputas entre las provincias y el poder central, sin olvidar a la vecina India.
Bajo esta excusa el ejército en Pakistán, a lo largo de su corta historia, ha decidido controlar y dirigir primero la política de seguridad contra toda amenaza externa e interna y el precio a pagar ha sido tener que compartir el presupuesto del Estado, y acostumbrarse a la tutoría perpetua desde los cuarteles y desde las instituciones paralelas creadas por estos como las organizaciones comerciales dirigidas por los oficiales retirados.
Desde que el General Ayub Jan asumió el poder en 1958 y gobernara gracias a la ley marcial, los militares han dominado la política de Pakistán directa o indirectamente y siempre estableciendo la agenda ideológica y de seguridad al igual que fiscalizando directamente en el curso de la política interna. En cuatro ocasiones, a pesar de haber reescrito la Constitución reiteradas veces para conseguir una deseada democratización, los generales siempre terminaron interviniendo para imponer su criterio bajo la acusación de que los civiles no eran suficientemente competentes para llevar a cabo su tarea de gobernar al pueblo.
Uno de los instrumentos más útiles que crearon los propios militares para este fin fueron los servicios de inteligencia (ISI). Desde su creación, estos servicios de inteligencia han jugado siempre un papel determinante, en algunos casos desde la oscuridad y otros sin complejos para preparar y justificar el terreno a la posterior intervención militar. Todos estos elementos, unidos a la debilidad de los partidos políticos han impedido a Pakistán conseguir un sistema de gobierno sólido y estable, elementos para conseguir un Estado de derecho fiable y duradero.
En definitiva, hay demasiadas grietas y polarización entre las tres principales líneas: la primera, es la relación entre poder político civil y los militares. En segundo lugar, entre las diferentes etnias y los grupos provinciales y finalmente, entre los islamistas y los securalistas, que permitan conseguir diseñar una hoja de ruta ampliamente aceptada y destinada a lograr la democratización verdadera y duradera del país.
Desgraciadamente, y en un esfuerzo para asegurar su supervivencia política y mejorar la imagen sobre su legitimidad, los regímenes militares han repetidamente minado a las fuerzas políticas más centristas y moderadas, lo que ha provocado la aparición de grupos radicales opuestos a todas las reformas democráticas. Así mismo, han deliberadamente privilegiado a determinados partidos locales en detrimento de los centrales y las instituciones provinciales ya que estas entidades locales ofrecían menos problemas y amenazas a los militares en temas tan importantes como la seguridad, la policía o los presupuestos.
En el aspecto social, estas políticas de los militares, y especialmente en décadas recientes, han conseguido dotar de una relevancia y poder a los elementos radicales islámicos, al ser vistos como un instrumento perfecto para marginalizar a la oposición moderada en el interior y al mismo tiempo, ocupar un lugar destacado a nivel regional como abanderados de un islam más puro. La aparición de un gran número de madrasas en Pakistán y su multiplicación en Afganistán no ha sido un acto casual sino cuidadosamente estudiado y planeado.
Los servicios de inteligencia han jugado un papel primordial a la hora de preparar los golpes militares
Los radicales islámicos han sido vistos como un instrumento perfecto para marginalizar a la oposición
No obstante, conviene recordar que estos grupos no se crean solamente bajo influencia de los militares, ya que existían desde la partición cuando en 1947 Muhammad Ali Jinnah, el padre fundador de Pakistán, declaró su campaña «el islam está en peligro» para movilizar a este importante sector y así poder asegurarse la creación del propio Estado del que sería su máxima autoridad.
Otra de las fuentes de conflicto en Pakistán que hay que tener muy presente se centra en las distintas etnias y provincias. A pesar de que la mayoría de la población de las diferentes etnias se ha identificado tradicionalmente con los políticos seculares, esa mayoría no ha seguido esa misma línea a la hora de poner en práctica sus políticas.
Siguiendo la tradición, y en consecuencia, la llegada al poder, a través de las armas, del General Pervez Musharraf en 1999 no fue visto como algo extraño y novedoso, sino que incluso llego a ser bendecida, en un primer momento, por las potencias occidentales y en especial, la administración Bush en Washington, siempre pensando en que la inestabilidad política interna se controlaría mejor, una vez más, desde los cuarteles. Pero, después de 8 años en el poder, la democracia tampoco se ha consolidado esta vez como alternativa y la situación regional, en especial a raíz de la invasión de Iraq y la guerra en Afganistán contra el terrorismo internacional y los talibanes no han servido para conseguir democratizar esta zona del mundo tan problemática.
Desde su llegada al poder, el general Musharraf ha tenido que enfrentarse con demasiados frentes abiertos, que han variado desde el apaciguamiento a las presiones occidentales para que democratizase verdaderamente el país, a la lucha contra los terroristas que se refugian en la frontera entre Pakistán y su vecino Afganistán, hasta los círculos religiosos conservadores y las fuerzas políticas moderadas que pedían con fuerza e insistencia su dimisión como jefe de las fuerzas armadas al tiempo que le demandaban que el Presidente del país no podía tener un doble uniforme.
Sin embargo, y a pesar de las presiones desde numerosos sectores, su respuesta ha sido la adopción de una línea cada vez más dura y autoritaria, en especial desde 2006, año que culminaría con la declaración del Estado de emergencia el 4 de noviembre, demostración de su cada vez más delicada situación política dentro del propio ejército y de la debilidad política del país.
Conviene no olvidar que el General Musharraf, en un intento por debilitar al máximo los principales partidos políticos que ya amenazaron con desafiar su autoridad en las elecciones en 2002, consiguió reunir a una coalición islamista para que llegara hasta un estrato nacional por primera vez en la tumultuosa historia política de Pakistán, como medida para frenar a sus oponentes políticos más moderados.
En cualquier caso, la estabilidad en Pakistán es necesaria en un momento en el que los esfuerzos mundiales por la lucha contra el terrorismo requieren la unión y cooperación de todos los países y en especial de aquellos en donde las bases de este terrorismo yihadista se nutren y alimentan para exportarlo posteriormente al resto del planeta.
En Occidente son cada vez más numerosas las voces que claman que una rápida transición hacia un gobierno civil y legítimo sólo sería posible con la marcha del presidente Musharraf, lo que implicaría la partida definitiva del general, ya que sus continuados esfuerzos por aferrarse al poder a toda costa se contraponen contra todos los intentos por conseguir la reconciliación nacional de las fuerzas políticas y de una sociedad cada vez más descontenta y desilusionada con el futuro del país.
Musharraf dejó de ser parte de la solución hace tiempo
Desde que el General Pervez Musharraf impuso la ley marcial en el país el 3 de noviembre del 2007, suspendiendo la Constitución y retirando de sus funciones al magistrado jefe de la Corte Suprema al junto a otros jueces de la misma corte contrarios a esa decisión, la situación personal del general no ha hecho sino empeorar, al mismo tiempo que su imagen internacional se deterioraba inexorablemente, incluyendo a su gran aliado, los Estados Unidos que le echaban en cara su poca disponibilidad y eficacia en la lucha contra los talibanes y los terroristas. No es de extrañar que China empiece a ocupar un lugar destacado en las valoraciones de la opinión pública paquistaní.
En un nuevo intento desesperado por recuperar el control de la situación interna, el general Musharraf decidió pedir el arresto de abogados, políticos y defensores de los derechos humanos contrarios a tales medidas y el control de los medios de comunicación.
Las últimas elecciones han sido las más justas desde 1970
Sin duda alguna, el atentado del 27 de diciembre de 2007 que causó la muerte de la ex Primera Ministra Benazir Bhutto, tan sólo unos días antes de las elecciones parlamentarias en el país, significó un punto de inflexión que marcaría la suerte del general a la hora de ganar las elecciones.
La respuesta a esta nueva situación de los aliados occidentales del presidente Musharraf fue de público desacuerdo pero al mismo tiempo dejando claro que deseaban seguir cooperando con el Presidente momentáneamente a la espera de ver cómo discurrían los acontecimientos en el interior del país y con su gobierno, en especial en la lucha antiterrorista.
En consecuencia, las demandas se han centrado más en las formas que en el fondo, ya que el cambio del uniforme militar por el de civil y la celebración de elecciones parecía más importante que la necesidad de restaurar el orden constitucional y la ley y el orden.
Los casi ochenta millones de ciudadanos que tuvieron derecho a expresarse en las urnas en las cuatro provincias y los ocho distritos tribales han comprendido muy bien estas circunstancias cuando emitieron sus votos para la Cámara Alta y Baja del Parlamento, como así se reflejó en los resultados.
La muerte de la líder del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) ha clarificado un poco más el complejo panorama político paquistaní dejando patente que Musharraf dejó de ser parte de la solución hace tiempo para convertirse en parte del problema actual de Pakistán. Aunque paradójicamente, y con suerte para su destino político, todavía es visto por los países occidentales como el único capaz de contener la escalada de violencia islámica y comprometido contra el terrorismo en especial en las zonas tribales entre Afganistán y Pakistán.
Incomprensiblemente, y a pesar de esta percepción desde el exterior, las fuerzas armadas paquistaníes, con el general Musharraf a la cabeza, no han sabido traer la estabilidad política y social al país como tampoco han conseguido convencer de que su lucha contra Al-Qaida haya cumplido todos los objetivos que se le exigían desde occidente por lo que, el margen de apoyo se ha prácticamente agotado.
La muerte de la ex Primera Ministra Bhutto ha dejado claro las enormes diferencias entre el régimen militar en el poder y la mayoría moderada de Pakistán que va a reclamar aun con más fuerza si cabe una verdadera transformación democrática del país, en especial de sus instituciones. Ante este panorama, el futuro Primer Ministro tendrá como uno de sus grandes desafíos por resolver el de las enmiendas constitucionales que recientemente aprobó Musharraf a través de unas órdenes ejecutivas y por las que el Presidente, como jefe del Estado podía disolver el gobierno y la propia Asamblea y nombrar al jefe de las fuerzas armadas y los servicios administrativos más importantes.
Todo indica que el General Musharraf ha antepuesto su supervivencia política, como ya hizo el 28 de noviembre, por encima de la estabilidad y democratización del país. Ya que si en ese momento el General dimitió como jefe de las fuerzas armadas, según versiones bajo una enorme presión estadounidense, decidió mantener aun así su candidatura a la presidencia para poder continuar en el poder, aunque no tenga como Presidente el poder ejecutivo. Esta medida terminó por restar toda credibilidad a sus intenciones a pesar de retirar la ley marcial y el Estado de emergencia y restituir la Constitución el 15 de diciembre de 2007, ya que continuó sin rehabilitar a los magistrados que había destituido o continuó sin retirar todos los decretos represivos, incluyendo los anexos a la Constitución para protegerse.
En el plano antiterrorista, a parte de haber detenido a unos pocos miembros destacados de al-Qaida se le acusa de haber hecho poco más en la lucha internacional contra el terrorismo yihadista. No obstante, y en su contra, sí se le atribuye el no haber querido cerrar campos de entrenamiento talibanes y madrasas yihadistas o incluso no haber terminado con las redes de reclutamiento y patrocinio que continuaban recrutando jóvenes fieles para su causa.
En consecuencia, y guiados por su cuestionable interpretación de los intereses de seguridad, los gobiernos occidentales puede que hayan debilitado sus estrategias de seguridad a largo plazo al apoyar a una dictadura militar en lugar de a los demócratas y a las frágiles e inestables instituciones democráticas en Pakistán.
A pesar de todos estos antecedentes, las elecciones del día 18 de febrero pueden considerarse como las más justas desde 1970, y contrariamente a la mayoría de las predicciones, la escalada de violencia no fue tal, pero la ajustada victoria para el PPP puede que no sea una humillación para el Presidente Pervez Musharraf y sus seguidores de la PML-Q.
La cuestión no es si la transición política se terminará por producir sino si ésta será pacifica y ordenada. La celebración de estas elecciones dentro del contexto en el que se producen y la situación del país ha sido libre y justa y puede representar un nuevo comienzo para esta joven nación. En cualquier caso, el ejército, bajo su nuevo comandante en jefe, el General Ashfaq Pervez Kayani, puede que siga con el mismo modelo de épocas anteriores de introducirse en sectores claves, como la administración pública del Estado, los negocios, la banca y la construcción para seguir dominando la vida política y social de los paquistaníes.
Los partidos políticos moderados y todos los segmentos de la sociedad civil están reclamando que se restaure la democracia, el Estado de derecho y el regreso de los militares a los cuarteles
El presidente Musharraf se ha tenido que enfrentar quizás al más serio retó en sus casi 8 años de dictadura militar, como ha sido el descontento general a su labor, y la oposición ha sabido aprovechar el descontento generalizado y expresado abiertamente en la calle, en especial a raíz del cese del jefe de la justicia de la Corte Suprema de Pakistán, Iftijar Muhammad para aunar esfuerzos comunes contra una única causa: retirar a través de las urnas a Musharraf.
Los partidos políticos moderados y todos los segmentos de la sociedad civil están fuerte y claramente reclamando que se restaure la democracia en el país, el Estado de derecho y el regreso definitivo de los militares a los cuarteles para que no se ocupen más de la política. Quizás. Ante la situación actual y los resultados en las urnas puede que los generales empiecen a retirar el condicional apoyo a Musharraf ante la evidencia de que una transición democrática es la mejor solución posible en las circunstancias actuales.
Todo parece evidenciar que es vital que la comunidad internacional comprenda que sus intereses están mejor defendidos por un Pakistán estable y gobernado democráticamente. Desde el 11 de septiembre la administración republicana en Washington ha provisto unos 10 billones de dólares en ayuda a los generales con la creencia de que solamente ellos representan el único socio seguro y de confianza capaz de combatir al nuevo enemigo, el terrorismo islamista internacional.
La elección del 18 de febrero para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional de Pakistán, la cámara baja del parlamento de Pakistán, llamado Majlis-e-Shoora ha traído una victoria deseada, pero garantizada de las fuerzas políticas moderadas. Con la mayor parte de los votos contados, el Partido Popular de Pakistán de la fallecida Benazhir Bhutto, consiguió 88 representantes de los 272 de que consta la Asamblea Nacional, en provincias tan importantes como Punjab y Sindh, mientras que su rival más próximo fue la Liga Musulmana de Pakistan (PML-N) del ex primer ministro Nawaz Shariff con 65 representantes principalmente en el Punjab.
Sin duda alguna, el principal vencedor de estas elecciones ha sido el pueblo paquistaní y el perdedor el general Musharraf y el partido de la Liga Musulmana de Pakistán-Q (Quaid-e-Azam), aunque gracias a sus 24 escaños, más los que vendrán de los reservados a las mujeres y a las minorías, todavía tiene un papel que jugar, en especial si los moderados no consiguen llevar a buen termino sus acuerdos pos electorales.
Con la trágica desaparición de Benazir Bhutto a Sharif ya no le queda más remedio que negociar con Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto, quien se encarna ya como el sucesor natural de su mujer. Zardari no tiene ni el linaje político, ni la credibilidad de su mujer y es por eso que su hijo Bilawal fue nombrado líder del partido a pesar de su extrema juventud para un puesto de semejante responsabilidad y dificultad. Aunque todo hace indicar que antes de regresar definitivamente a Pakistán terminará sus estudios en Gran Bretaña.
Zardari, quien es conocido en Pakistán como «Mr 10% « por las comisiones que presuntamente cobraba, tuvo que pasar varios meses en la cárcel por acusaciones de corrupción relacionadas con comisiones ilegales. Estas poco honorables credenciales hacen que Makhdoom Amin Fahim pueda ser visto dentro de su partido como un buen candidato a Primer Ministro.
La relación de trabajo y la desconfianza mutua entre el PPP y el PML-N marcarán el futuro inmediato de Pakistán. En cualquier caso, esta circunstancia hace que el partido próximo a Musharraf, el PML-Q, pueda recuperar terreno al poder alinearse con cualquiera de los otros partidos si su coalición no funciona.
Recientemente, la revista británica, The Economist señalaba en su portada a Pakistán como el país más peligroso del mundo y es que la pesadilla de una potencial guerra nuclear entre India y Pakistán siempre ha estado presente. Islamabad es el único régimen islámico con armamento nuclear, el segundo Estado más grande del mundo con mayoría musulmana por detrás de Indonesia, y en caso de revolución interna, el descontrol del arsenal nuclear seria una verdadera pesadilla para el mundo entero.
La revista británica «The Economist» señalaba en su portada a Pakistán como el país más peligroso del mundo
Es por ello que la comunidad internacional y en especial, Estados Unidos y la Unión Europea tienen que jugar un papel determinante en la estabilización de este Estado y región. Hasta ahora, la respuesta de Occidente ha estado promovida por la ansiedad de tener bajo control el programa nuclear y la lucha antiterrorista por sus ramificaciones internacionales, al mismo tiempo que se ha intentado que Islamabad no se convierta en otro Teherán, antagonista a todo lo occidental, y líder regional en contra de los intereses de Occidente.
Sin embargo, esta analogía no es del todo correcta, ya que Pakistán es un país muy diferente a Irán. Si bien en ambos hay una vibrante sociedad civil, que lucha como puede contra las ataduras impuestas por el poder, en Pakistán sí hay un valeroso y respetado sistema judicial y unos medios de comunicación que informan con mayor libertad, pero sobre todo también hay una tradición democrática y partidos políticos y representantes civiles que gozan de gran apoyo popular.
Sus fuerzas extremistas han ganado el status actual gracias a los generales que los han visto como un instrumento útil para contener a estas fuerzas democráticas y contrarias a sus valores e intereses y no a través del apoyo popular. Sin embargo, en estas últimas elecciones, el triunfo secular sobre ellos, incluyendo la zona fronteriza con Afganistán en donde en donde se ha pedido claramente una separación entre la política y la religión, abre el camino para la esperanza en la normalización de todas las esferas de esta nación.
La mayor parte de los cambios necesarios para la transformación de Pakistán y que pueda convertirse definitivamente en una verdadera y estable democracia tienen que ser tomados y liderados por los propios paquistaníes. Occidente, y en especial los Estados Unidos, sólo deben jugar un papel de apoyo incondicional y pensando en el medio y largo plazo. Sólo así, los militares ejercerían su verdadera función, la de guardianes y no maestros del destino de este joven Estado. En cualquier caso, estas elecciones del 18 de febrero pueden representar el primer paso para un nuevo comienzo en esta larga marcha de Pakistán para que deje de ser un territorio que lamentablemente todavía sigue requiriendo no sólo una reforma estratégica en sus relaciones con India y Afganistán, y asistencia económica, y política sino también la revitalización de la sociedad en su conjunto. Pakistán necesita de esta activa sociedad civil que es musulmana desde un aspecto cultural más que ideológico y políticamente y sobre todo exclusivista.
Estas últimas elecciones pueden representar un nuevo comienzo para este pueblo que, como soñaba Iqbal, pueda ser un modelo de modernidad y democracia conservando su propia identidad musulmana y su rica herencia cultural.