Al resumir casi dos décadas del proceso de transición económica en Croacia y su integración en la Unión Europea, el primer pensamiento que le viene a la cabeza a un analista económico es que fue un viaje extremadamente largo, duro y cansado, que a menudo precisó reparar o incluso cambiar navíos averiados, virar el rumbo en medio de una tormenta, pero ahora podemos ver que Croacia ya casi lo ha logrado. Aunque nunca se puede estar totalmente seguro, ya que la posible fecha de adhesión, por cerca que parezca estar, sigue alejándose como si fuera un espejismo. No obstante, parece que la costa y el puerto seguro no están solo “a la vista”, sino que cada día más cerca, y es posible que la última especulación sobre mediados de 2012 como la fecha en que Croacia se convertirá en miembro de pleno derecho de la UE sea incluso realista después de todo. Sin embargo, este hecho parece satisfacer solo al gobierno actual, que finalmente alcanzará el objetivo proclamado, pero no será tan victorioso y alegre para los general y ampliamente decepcionados ciudadanos croatas. Para ilustrar esta situación, las encuestas de opinión más recientes resumidas en el último Informe del Barómetro de la UE muestran uno de los más bajos niveles de apoyo ciudadano a la integración de Croacia en la UE. Concretamente, según la encuesta realizada en mayo de 2010, las expectativas positivas son cada vez menores, ya que ahora el 45% de los ciudadanos están convencidos de que Croacia no se beneficiaría de ser miembro de la UE, frente al 38% de los ciudadanos que creen que sí. Estos datos representan una caída de aproximadamente 7 puntos porcentuales con respecto al nivel de apoyo expresado en la encuesta de opinión realizada en 2009. Además, solo el 26% de los ciudadanos está convencido de que ser miembros de la UE es algo positivo para Croacia, mientras que el 31% considera que es más bien algo malo.

¿Por qué se ha erosionado tanto el apoyo de los ciudadanos a la adhesión a la UE en Croacia, especialmente en comparación con la situación de hace una década cuando el apoyo era de más del 70%? Una de las explicaciones plausibles podría encontrarse en un proceso muy largo y prolongado de reformas económicas e integración en la UE, que estuvo determinado por las características específicas subyacentes de la transformación post-socialista croata.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA “TRAYECTORIA CROATA”

La trayectoria croata hacia la economía de mercado y la integración europea fue bastante específica en comparación con el resto de países de Europa Central y del Este (ECE) y del Sureste de Europa (SEE), que ya se han unido a la UE como nuevos Estados miembros (Rumanía y Bulgaria). Aunque Croacia compartía la mayoría de las características y acontecimientos comunes del proceso de transición con otros países post-socialistas, hay varios rasgos especiales que han tenido un profundo impacto en la evolución y el tipo de transición.

Una visitante pasa ante el pabellón croata en la Exposición Universal de Shanghái 2010 el día de la inauguración de la muestra. Shanghái, China, 1 de mayo de 2010. / Diego Azubel /EFE

Al menos tres de los conjuntos específicos de circunstancias hicieron que la transición y la integración croatas fueran particularmente difíciles y estuvieran muy marcadas por la trayectoria y el ritmo de ambos procesos. En primer lugar, la transición y la integración no fueron de la mano, puesto que coincidieron con la guerra y la desintegración violenta del antiguo Estado yugoslavo. En segundo lugar, la transición fue paralela al proceso de establecimiento de un nuevo Estado independiente y sus estructuras administrativas. En tercer lugar, la continuada inestabilidad regional en los Balcanes occidentales, especialmente en los años noventa (Bosnia y ex República Yugoslava de Macedonia), que se prologó incluso hasta la actualidad (Serbia y Kosovo), contribuyó aún más a que Croacia se quedara a la zaga con respecto a la mayoría de los países de la ECE desde el punto de vista de la transición y la integración. Estos procesos determinaron en gran medida la elección de las políticas de transición, y también sus resultados (inadecuados). Debido a todos estos factores, en lo referente a los planes de transición e integración, la Croacia de finales de los noventa compartía la posición de otros países de los Balcanes occidentales, lo que puede parecer económicamente injusto con respecto a la mayoría de los indicadores económicos que la situaban en una posición más favorecida que el resto de la región. La mayoría de los analistas internacionales y de los analistas nacionales independientes consideraron, sin embargo, que esta posición estaba políticamente justificada debido al régimen de Tudman, y en ese momento consideraron a Croacia como una democracia frágil y no totalmente consolidada.

Hay otro factor que merece la pena mencionar al analizar las causas de los lentos resultados de la transición y la integración de los años 90: el liderazgo político durante ese periodo no estuvo totalmente dedicado a lograr este objetivo, que era en ese momento aún una tarea pendiente. Esto se hizo especialmente evidente a principios del año 2000, cuando el nuevo gobierno posterior a Tudman llegó al poder. Croacia, al contrario que muchos países de Europa Central y del Este, dejó la década de los noventa sin un acuerdo institucional con la UE que la dirigiera con firmeza hacia el proceso general de integración. Este hecho la ha situado durante bastante tiempo en el grupo de economías de transición del “nivel del sur” (del SEE), con diferencias sistemáticas en las trayectorias de transición en comparación con las economías avanzadas de la ECE o del “nivel del norte”. Esta posición internacional se reflejó no solo en una débil transición política, sino también en varios débiles resultados de la transición económica, como no lograr el crecimiento económico positivo y las ganancias de eficiencia de las reformas económicas, la privatización y la reestructuración, los sustanciosos beneficios del comercio exterior, la economía de mercado con funcionamiento institucional y regida por la ley, el desarrollo socialmente equilibrado, etc.

Croacia también fue menos eficaz que otros en la ejecución de reformas económicas estructurales destinadas a mejorar la eficiencia de las empresas y a generar ganancias de productividad visibles. En cambio, a lo largo de los años noventa, Croacia desarrolló una especie de modelo económico centrado en el interior, basado más en la demanda impulsada por el mercado interior, lo que afectó mucho al sector de las exportaciones, que siguió estando en gran medida no reestructurado y siendo internacionalmente no competitivo. Evidentemente, Croacia necesitaba urgentemente un nuevo marco que pudiera dirigirla para lograr tanto un crecimiento más rápido, como una integración más profunda en las estructuras de mercado internacional y de Europa.

La situación empezó a cambiar su curso a principios del año 2000, con los cambios políticos en el país que crearon la nueva “ventana de oportunidad” para las reformas económicas y políticas que estaban a la zaga de las de la mayoría de los países de la ECE, que ya estaban en el proceso de negociación para convertirse en miembros de pleno derecho de la UE. Por otro lado, la presión también venía de la UE, ya que el nuevo Proceso de Estabilización y Asociación para el SEE fue creado con el objetivo de proporcionar un marco de políticas realista para la eliminación de los principales obstáculos políticos que impedían a Croacia y al resto de la región unirse al club de los países post-socialistas en la última ronda de ampliación de la UE. Nos centraremos en varios ámbitos clave del proceso de transición, en particular aquellos en los que los problemas de déficit institucional persistieron durante la primera década de la transición y crearon difíciles legados a los que hacer frente posteriormente (como la privatización), afectando mucho a la integración funcional de mercado en la UE. El texto también destacará varios cambios de las políticas y condiciones políticas que produjeron una más rápida transición económica e integración de Croacia durante la última década (2000-2010).

PROCESO DE PRIVATIZACIÓN: MENOS BENEFICIOS QUE MOLESTIAS

Como en otros países post-socialistas, el proceso de privatización ha sido un tema de economía política por excelencia, que en gran medida creó las condiciones que propiciaron el éxito de otras reformas económicas y también el tipo de capitalismo que surgió en Croacia posteriormente. Muchos factores, aparte de los económicos (políticos, institucionales, sociales) han determinado en gran medida el resultado de la privatización. La adopción de importantes políticas económicas, como la privatización, estuvo bajo el enorme impacto de las élites políticas dirigentes, resaltando el déficit y el inadecuado desarrollo de las instituciones democráticas que se suponía que debían apuntalar las reformas de mercado. Un débil poder judicial y la falta de control público hicieron que las instituciones (tanto formales como informales) fueran incapaces de limitar correctamente la obvia y notoria interferencia política y su impacto en el proceso.

Pensionistas y personas necesitadas durante el reparto de comida gratuita tradicionalmente celebrado en Navidad. Split, Croacia, 24 de diciembre de 2004. / Tom Dubravec /EFE

Croacia fue el primero de los Estados sucesores de la antigua Yugoslavia en promulgar su propia legislación sobre privatización, ya en abril de 1991, después de un breve pero acalorado debate sobre las posibles opciones de privatización. La Ley relativa a la Transformación de las Empresas Sociales (1991) estableció los métodos y principios legales básicos para la adquisición de nuevos derechos de propiedad sobre el capital de propiedad social y determinó cuáles eran las principales categorías de propietarios privados futuros que pretendía establecer. Preveía la total abolición de la propiedad social y su transformación en las formas legalmente transparentes de propiedad que normalmente existen en las economías de mercado en funcionamiento.

Hasta principios del 2000, los cambios políticos que hicieron posible las reformas económicas y políticas estaban a la zaga de la mayoría de los países de Europa Central y del Este

La propiedad social en el anterior sistema económico de autogestión se definía legalmente como “propiedad de nadie” y, por tanto, no existían derechos de propiedad claros en el sentido legal. Aunque el modelo de privatización optó por la venta caso por caso, en la que se debería esperar que los compradores dominantes de las acciones mayoritarias serían inversores externos con capital real, este modelo no podía aplicarse en Croacia por varias razones (guerra, alto riesgo político, alto déficit institucional, etc.). Debido a la continua suavización de las condiciones de compra de las acciones para los empleados y los antiguos empleados, el concepto croata de privatización, especialmente en el periodo de 1991 a 1996, así como posteriormente, parecía más libre distribución que venta (aunque el concepto de libre distribución limitada de acciones fue incorporado en el modelo solo con la nueva ley de 1996). Los pequeños accionistas, es decir los empleados, eran necesariamente el grupo principal de propietarios al que estaba dirigido el modelo croata de privatización. Esta es la razón por la que la primera ley sobre privatización dispuso su tratamiento preferencial e incluyó sustanciales descuentos (hasta del 60% del valor nominal). Teniendo en cuenta los cuarenta años de autogestión, los legisladores intentaron conseguir la participación masiva de la población nacional en este proceso, especialmente de los trabajadores, que eran los que más habían contribuido a la creación del capital social en el régimen anterior y que eran una especie de “propietarios morales” de este capital. De este modo, el modelo pretendía garantizar el amplio apoyo público a la privatización, respetando el principio de justicia social. Desgraciadamente, los datos empíricos no contienen pruebas de la realización de esta filosofía, y muchos acontecimientos posteriores crearon una duda sobre la sinceridad de los legisladores y el gobierno en cuanto a la realización de dicha idea. Lo que ocurrió fue que los principales beneficiarios del proceso no fueron empleados y ciudadanos, sino algunos empresarios expatriados y directores de empresas elegidos, una clase políticamente patrocinada de nuevos empresarios, que podían adquirir acciones con préstamos de bancos estatales que se devolverían con los beneficios de la empresas o hipotecando los activos de estas.

La estructura inicial de propiedad posterior a la privatización, especialmente en lo referente a la mantenida por los pequeños accionistas, se erosionó rápidamente y posteriormente evolucionó y fue reformada principalmente por distintos factores impulsados políticamente y no por la evolución natural de los mercados de capital, como fue el caso en otros países post-socialistas. De modo que, ¿por qué la privatización en Croacia trajo menos beneficios que molestias?

Evidentemente, los apuntalamientos institucionales al proceso de privatización –a fin de garantizar los efectos deseados– no estuvieron totalmente en su lugar en la primera década de la transición (1990-2000) y dicho legado dejó una pesada carga en la segunda década de privatización (2000-2010). El proceso produjo muchos efectos secundarios no solo no deseados, sino también dañinos, debido al déficit institucional y legislativo, que no fue gestionado adecuadamente durante la guerra, lo que permitió una “magnatización” de la economía de Croacia y el desarrollo de un estilo capitalista depredador y muy “de amiguetes” en esa década, que surgió detrás de las cortinas de la guerra y fue directamente patrocinado por las élites políticas. Uno de los legados directos de la guerra en Croacia fue el desarrollo de una “clase de magnates”, de empresarios políticos con un interés creado en resistir y bloquear las reformas democráticas y económicas adicionales. Todo esto dio lugar a la percepción excepcionalmente desfavorable de la privatización por parte del público, lo que incluso se prolonga hasta la actualidad.
Un importante factor que contribuyó a la percepción negativa del público sobre los efectos de la privatización es el propio modelo elegido. El público percibe este modelo como injusto y no equitativo, porque no hizo posible que todos los actores participaran en el proceso en las mismas condiciones. Esto ha socavado la legitimidad económica, social y pública del modelo, y su utilidad social global. La preferencia dada a algunos compradores a costa de otros potenciales propietarios de la antigua propiedad social ha hecho que muchas más personas se sientan como “perdedores” que como “ganadores” del proceso. Y lo que es peor, incluso el grupo de compradores legalmente privilegiados (empleados) se consideran a sí mismos como perdedores (especialmente los trabajadores), cuando se comparan con el grupo no transparente de grandes compradores privilegiados (magnates). Esto no es sorprendente, ya que estos últimos fueron elegidos para ser recompensados por sus lealtades políticas y así llegaron a adquirir las mejores partes de la antigua propiedad social en condiciones privilegiadas. Las adquisiciones no transparentes y políticamente patrocinadas de empresas, la mala administración, la desviación y apropiación de beneficios, las adquisiciones hostiles, las quiebras intencionadas, el despido de empleados, etc. han tenido fuertes efectos negativos en la percepción pública de los resultados de la privatización y de las nuevas élites empresariales.

Con objeto de neutralizar los efectos distorsionados del proceso de privatización, el gobierno de coalición de 2000 a 2003 tuvo que realizar muchos esfuerzos. Además de una formulación más precisa de los objetivos económicos y la legislación para el proceso de privatización, también tuvo que ocuparse de la neutralización de la imagen negativa del proceso ante el público. Esto incluyó una revisión y auditoría oficial (realizada por la Oficina de Auditoría Estatal) de todos los casos de privatización ilegales y delictivos, y su comparecencia ante los tribunales, a fin de producir un efecto aleccionador en los inversores y el público. Se lograron algunos resultados iniciales, pero en general muy pocos de los involucrados fueron realmente sancionados, ya que los procedimientos ante los tribunales se prolongaron en algunos casos hasta más de una década. Algunos de los casos no pudieron ser perseguidos con la legislación actual, ya que no fueron acusados en el periodo estipulado por las leyes. Afortunadamente, los cambios recientes de la Constitución croata en 2010 permiten a los tribunales procesar los crímenes relacionados con la privatización sin que puedan prescribir.

Aunque la posterior privatización del sector bancario y los servicios públicos durante el periodo de 2000 a 2005 (como las telecomunicaciones, el sector del petróleo y el gas) se realizó con mayor transparencia, debido a una mejor reglamentación de los procedimientos, no podía compensar totalmente el factor de la influencia política directa. De modo que el objetivo de restaurar la confianza en la organización institucional del proceso, que estuvo gravemente dañada durante la era Tudman, sigue sin conseguirse, ya que muchos de los escándalos sobre cómo se hacían los acuerdos continúan en la actualidad. El más reciente está relacionado con la privatización de la empresa de petróleo y gas INA. Para concluir, la forma en la que se ha ejecutado y politizado el proceso de privatización creó un pesado legado y tuvo un impacto en el lento progreso de otras reformas económicas en el país.

A pesar de las polémicas, la política de privatización sigue siendo una parte importante de la agenda de reformas económicas con el objetivo de incrementar las capacidades de la economía para hacer frente a las presiones competitivas provenientes de la UE. El ajuste adicional del sector empresarial para cumplir los criterios de competencia para poder ser miembros de pleno derecho de la UE señala hacia la necesidad de completar el resto de la agenda de privatización. Algunos sectores económicos, como el de los astilleros, siguieron estando fuertemente subvencionados por el Estado, y aún están pendientes en el programa de privatización, que ahora está bajo la presión de Bruselas a fin de cumplir con los principios sobre ayudas estatales de la UE.

INTEGRACIÓN EN LA UE: LARGA, LENTA Y CANSADA, PERO FINALMENTE CASI COMPLETADA

Resumiendo sobriamente las últimas dos décadas de esfuerzos de integración, la segunda década (de 2000 a 2010) parece estar dedicada a alcanzar y perseguir las “oportunidades perdidas” de la primera parte de la transición. Concretamente, al contrario que la mayoría de los países de la ECE, Croacia dejó la década de los noventa sin un acuerdo institucional formal con la UE, y en este sentido estaba drásticamente a la zaga de países que acabaron uniéndose a la UE en 2004. Una importante consecuencia de dicho estatus con respecto a la UE en los años noventa fue que Croacia no fuera elegible para los programas de asistencia técnica como PHARE y otros. En la práctica, esto significó que las reformas económicas estructurales y la consolidación democrática estuvieron privadas de toda ayuda y dejadas a sus propias y débiles fuerzas. Por tanto, evidentemente, Croacia soportó costes significativos de la no integración en la UE desde el punto de vista del estancamiento o incluso el declive de los niveles de comercio (especialmente las exportaciones), debido a las barreras existentes, el menor nivel de comercio con los países del ECE (debido al hecho de que el país no tenía acceso al área de libre comercio de la que disfrutan los países asociados), el acceso limitado a asistencia técnica, la entrada limitada de inversiones extranjeras directas, el difícil acceso a las nuevas tecnologías, etc. Se ofreció la posibilidad realista de fomentar la integración en las estructuras europeas a principios de 2000 a través del Pacto de Estabilidad y Asociación de la UE. Este proceso ofreció varias medidas positivas: el fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas con la UE y con la región, más asistencia económica y financiera de la UE, así como el desarrollo del diálogo político mutuo. El Pacto estaba estructurado con el objeto de reflejar un enfoque individual a los países de los Balcanes occidentales y de proporcionar un estatus similar al de asociado, dependiendo de la preparación global del país para una mayor integración en la UE.

El proceso de privatización produjo efectos secundarios dañinos, debido al déficit institucional y legislativo, lo que permitió el desarrollo de un estilo capitalista depredador y muy “de amiguetes”, surgido detrás de las cortinas de la guerra

No obstante, el inicio de las negociaciones para la adhesión no se produjo hasta la presentación de la evidencia de cumplimiento con las condiciones definidas por la UE en el anterior enfoque regional. En el caso de Croacia, precisaba un progreso inmediato en tres ámbitos básicos: reforma de los medios de comunicación, reforma electoral y vuelta de los refugiados, así como la total cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia de La Haya. Por otro lado, el progreso en las reformas económicas fue evaluado y dependía en gran medida del cumplimiento de los criterios de Copenhague y de la demostración de que la economía croata es una economía de mercado totalmente funcional capaz de hacer frente a la competencia proveniente de la UE.

Las cosas empezaron a acelerarse después de que Croacia presentara la solicitud oficial de candidatura que fue aprobada por la UE en junio de 2004, marcando el inicio oficial del proceso de adhesión. No obstante, el camino más rápido hacia la integración en la UE tuvo que esperar hasta el arresto del general Ante Gotovina en octubre de 2005 y su extradición al Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que era la principal condición política de la UE para conceder a Croacia el estatus de país candidato creíble y el inicio de la negociación para ser miembro de pleno derecho. Las negociaciones de adhesión que empezaron poco después tenían como objetivo la intensificación del proceso de puesta al día, convergencia e integración en el mercado único europeo. El proceso de ajuste al acervo comunitario implicó la mejora sustancial en el marco institucional y de las políticas (legislación y normas blandas) para la economía croata y, por consiguiente, también mejoraron los indicadores de competitividad. Se establecieron referencias adicionales para algunas áreas de ajuste, a fin de evaluar el rendimiento relativo de un país en el cumplimiento de varios principios de la UE en línea con la legislación comunitaria.

El proceso de adhesión de Croacia había entrado en la fase decisiva en los últimos dos o tres años, ya que el gobierno croata estaba luchando por cumplir con una referencia adicional exigida en el caso de Croacia y por completar las negociaciones con la UE. Dicho progreso ha demostrado a otros países de la región de los Balcanes occidentales que la perspectiva de país miembro de la UE es una realidad y no una simple posibilidad distante. La primera confirmación positiva de dicha declaración surgió en el Informe sobre los progresos de Croacia realizado por la Comisión Europea en noviembre de 2008, en el que Croacia obtuvo por primera vez una hoja de ruta indicativa y condicional para cerrar las negociaciones en 2009. Sin embargo, no se cumplió el objetivo debido a disputas bilaterales fronterizas con Eslovenia, que vetó el inicio y el cierre de las negociaciones sobre varios capítulos basándose en que los documentos adjuntos perjudicaban las fronteras futuras entre los dos Estados. Las tensiones políticas entre ambos realmente bloquearon un progreso más rápido de las negociaciones. Aparte de eso, el rigor en la evaluación del cumplimiento de los criterios por parte de Croacia ha aumentado con el tiempo y los observadores se percatan de que la condicionalidad para la siguiente ampliación de la UE (Balcanes occidentales) es mucho más dura que en la ronda de ampliación de 2004. Algunos analistas justificaron este hecho por los problemas reales que tienen estos países, pero también por una cierta “fatiga” de ampliación en la UE y también por la decepción con la actuación de los nuevos miembros Rumanía y Bulgaria, especialmente en áreas como el poder judicial o la débil capacidad de la Administración estatal.

Los presidentes de Macedonia, Branko Crvenkovski (i), Bosnia-Herzegovina, Nebojsa Radmanovic (c), y Croacia, Stjepan Mesic, en la reunión del Foro Regional Económico del Sureste de Europa. Ohrid, Macedonia, 21 de noviembre de 2008. / Georgi Licovski /EFE

El ímpetu para el significativo progreso en las negociaciones llegó por parte de una remodelación política local inesperada en el partido HDZ (Unión Democrática Croata) en junio de 2009. Concretamente, el primer ministro Ivo Sanader dimitió inesperadamente y su sucesora Jadranka Kosor tomó el poder. Demostró más dedicación a los urgentes problemas de la UE, lo que contribuyó a resolver algunos de los principales temas conflictivos con la vecina Eslovenia, como las disputas fronterizas y el desbloqueo de las negociaciones en varios capítulos. Kosor consiguió llegar a un acuerdo con el primer ministro esloveno Pahor, ratificado por ambos parlamentos, en el sentido de que la solución para las disputas fronterizas, que ya duraban 18 años, la daría el Tribunal Internacional de Arbitraje. Esto dio lugar al desbloqueo definitivo de las negociaciones croatas de adhesión. De este modo, para mediados de 2010 se habían iniciado los treinta y tres capítulos de negociación, de los que veinte habían sido cerrados provisionalmente. Los tres últimos capítulos, el poder judicial y los derechos fundamentales, la política de la competencia y la política exterior, de seguridad y de defensa, que eran especialmente problemáticos a la hora de cumplir con las referencias iniciales (lucha contra la corrupción, total cooperación con el Tribunal de Crímenes de Guerra de la Haya, etc.), se iniciaron finalmente en la conferencia de adhesión el 30 de junio de 2010. En dicha ocasión, la primera ministra Kosor subrayó que el gobierno está en los últimos 500 metros de la maratón de la UE. Puede que sea un poco más, pero no obstante hay un horizonte realista para la finalización de las negociaciones de la adhesión con la UE para mediados de 2011, y se espera tener el acuerdo de adhesión ratificado por todos los Estados miembros de la UE para mediados de 2012.

¿QUÉ SUPONDRÁ PARA CROACIA SER MIEMBRO DE LA UE EN TÉRMINOS DE COSTES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS?

Para un país pequeño como Croacia, los beneficios van mucho más allá de los de la creación del comercio de mercancías y la integración económica superficial. Según el estudio del Banco Mundial (2008), las economías pequeñas y abiertas como Croacia se benefician más que las más grandes de las integraciones regionales. Los beneficios de la alineación con la economía de la UE son ya tangibles y mensurables. Los resultados de la convergencia de Croacia hacia los niveles de ingresos de la UE fueron bastante profundos en los últimos 5 años, según el reciente Informe de Convergencia del Banco Mundial (2009), ya que Croacia ha logrado un significativo progreso económico y social. Antes del inicio de la crisis mundial, la economía croata crecía a un saludable 4-5% anual, los ingresos se duplicaron y las oportunidades económicas y sociales mejoraron. El principal objetivo de desarrollo de Croacia es alcanzar el 75% de la media de ingresos per capita de la UE en el año 2013. En la actualidad, con aproximadamente 18.000 dólares de PIB per capita, está en torno al 63% de la media de la UE en la paridad del poder adquisitivo.
A pesar del progreso, son necesarias reformas adicionales, no solo en el cumplimiento formal de los requisitos para ser miembro de la UE, sino también para mejorar constantemente el entorno comercial. La necesidad de mejorar la competitividad en varios ámbitos ya ha sido reconocida y respaldada por los responsables de las políticas del gobierno croata, y los objetivos de la Estrategia de Lisboa ya están incorporados en varios documentos estratégicos del gobierno.

La lucha por conseguir los objetivos de la política económica y la condicionalidad para ser miembro de pleno derecho de la UE proporcionaría un ímpetu adicional a largo plazo para el crecimiento económico, a la vez que los costes netos también podrían ser significativos. El análisis de costes y beneficios de los futuros efectos en Croacia de ser miembro de la UE ha mostrado que los primeros años como miembro producirán una carga significativa para el presupuesto nacional. Como ejemplo, se puede decir que la contribución presupuestaria neta anual se estima de 501€ millones en 2009 a 578 € millones en 2011, y lo que dicha carga representa en porcentaje es aproximadamente el 1% del PIB anual. No obstante, los resultados señalan que los beneficios a largo plazo serían significativamente mayores que los costes.

Al estimar los potenciales beneficios para Croacia que se derivan de la consecución de los objetivos de la Agenda de Lisboa, los recientes resultados obtenidos mediante simulación econométrica mostraron los efectos positivos sobre los ingresos, el consumo, las exportaciones y los salarios reales para el año 2015. Si se respaldan con la implementación de las políticas de Lisboa dentro de Croacia, concentrándose en los temas más problemáticos del marco institucional, junto con aquellas políticas que producirían el impacto más significativo sobre el crecimiento, incluidos la innovación y la I+D, el impacto global a largo plazo sobre el crecimiento económico y el progreso de la competitividad tras unirse a la UE serían aún más sustanciales.

PENSAMIENTOS A MODO DE CONCLUSIÓN

Después de veinte años intentándolo, Croacia ya casi ha llegado al final de su viaje para convertirse en Estado miembro de la UE de pleno derecho. La adhesión a la UE, aparte de ofrecer a Croacia un futuro más próspero, sin duda puede tener también un impacto positivo acelerando la integración de los Balcanes occidentales en la UE. El proceso en sí mismo puede mostrar la forma de salvar las pasadas divisiones de la región y un marco realista para seguir curando las consecuencias de la intolerancia y las tensiones de los 90 que se sienten aún en la actualidad. El posponer este proceso indefinidamente, como muestra el caso croata, puede ser contraproducente tanto para la UE como para los Balcanes.