Asma Nouira
Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Yendouba, Túnez, y miembro del Comité Superior para la Realización de los Objetivos Revolucionarios, la Reforma Política y la Transición Democrática [+ DEL AUTOR]

Reformas políticas y transición democrática

Tras la caída de Ben Ali, el primer gobierno de Túnez, liderado por Mohammed Ghannouchi, anunció el 17 de enero de 2011 la creación de tres comisiones. La primera para luchar contra la corrupción institucionalizada y la malversación de fondos cometidas durante el reinado de Ben Ali, la segunda para determinar quiénes son los responsables de los abusos y violaciones cometidos contra los ciudadanos y la tercera para completar la reforma política a fin de establecer la democracia. Se tomaron estas medidas a fin de garantizar una transición pacífica sin cuestionar los cimientos del Estado y para garantizar su continuación. El periodo de transición está marcado por una transición constitucional. Del mismo modo, está llamada a formarse una justicia de transición aún en mantillas.

Funcionarios de la oficina del primer ministro retiran los retratos oficiales del presidente Ben Ali

Funcionarios de la oficina del primer ministro retiran los retratos oficiales del presidente Ben Ali, huido 3 días antes. Túnez capital, 17 de enero de 2011. /EFE

La transición constitucional

En menos de veinticuatro horas, dos pilares constitucionales de la transmisión/continuidad de poderes han cambiado radicalmente el rostro del Túnez constitucional y político. Se trata de los artículos 56 y 57 de la Constitución de 1959.
El 14 de enero el primer ministro se vio obligado a actuar en calidad de presidente interino de la República en virtud del artículo 56 de la Constitución, aunque lo fue durante un periodo de tiempo muy breve. El 15 de enero el presidente del Consejo Constitucional anunció la vacante permanente de la presidencia de la República. En este caso, el artículo 57 de la Constitución prevé la sustitución del presidente, sin cambiar necesariamente el régimen político. El mismo artículo indica que el presidente en funciones no puede proceder a realizar una “enmienda de la Constitución”. Dicho artículo especifica que “en caso de vacante de la Presidencia de la República debido a fallecimiento, dimisión o incapacidad absoluta”, el jefe del Parlamento se convertirá en presidente a fin de convocar elecciones presidenciales en un plazo de entre 45 y 60 días.

El presidente en funciones debía convocar elecciones presidenciales, pero la lógica revolucionaria y la aspiración popular pedían elecciones libres, transparentes y democráticas

No obstante, la fuerte presión política dio lugar a manifestaciones y sentadas que, combinadas con una voluntad popular de romper con el antiguo régimen, han frustrado la transición constitucional. El discurso del presidente en funciones de la República el 3 de marzo de 2011 anunció una nueva aventura político-constitucional. Este discurso constituye, desde este punto de vista político, un punto de inflexión en la gestión del proceso de transición: se decidió proceder a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Así que el presidente pidió al comité de reformas políticas que elaborara una ley electoral para elegir una Asamblea Constituyente en lugar de para las elecciones presidenciales.

Reformas políticas

La creación de una comisión de reforma política tenía dos finalidades: la continuidad del Estado y la democratización. El presidente en funciones debía convocar elecciones presidenciales dentro de un plazo de tiempo de entre 45 y 60 días, como se ha explicado, pero la lógica revolucionaria y la aspiración popular a la democracia pedían elecciones libres, transparentes y democráticas. Por tanto, se creó la Comisión Superior para la Reforma Política. Su misión era cambiar el marco legal del momento para permitir unas elecciones libres, justas y transparentes. La reforma afectaría al propio texto de la Constitución, al código electoral, al código de la prensa y a las leyes de los partidos políticos y las asociaciones. El profesor Yadh Ben Achour, profesor de Derecho público, fue designado para formar la Comisión, a la que invitó a varios abogados siguiendo dos criterios: la competencia y la no implicación en el régimen de Ben Ali. En cuanto la Comisión quedó constituida, los expertos se dividieron en las siguientes cinco áreas: temas constitucionales, temas electorales, prensa y medios de comunicación, libertades públicas y asuntos judiciales. Se pusieron a trabajar a fin de preparar el marco legal para las elecciones presidenciales, aunque también en una reforma política que promueva la transición democrática. La Comisión trabajó en estrecha colaboración con los partidos políticos, la sociedad civil, organizaciones profesionales y personalidades independientes.

Algunos partidos de la oposición, organizaciones profesionales y ONG se negaron a participar en el gobierno postrevolucionario, y fundaron el “Consejo Superior para la salvaguarda de la revolución”

De forma paralela a este proceso, algunos partidos de la oposición (el islamista al-Nahda, el comunista, los nacionalistas…), varias organizaciones semiprofesionales (el sindicato Unión General Tunecina del Trabajo, el Colegio de abogados), así como algunas ONG (la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la asociación de magistrados), se negaron a participar en el gobierno postrevolucionario, y fundaron el “Consejo Superior para la salvaguarda de la revolución”, reclamando un poder supraconstitucional para controlar al gobierno. Al mismo tiempo que el consejo negociaba su estatus legal con el Jefe de Estado en funciones, sus miembros mantenían la presión a través de “sentadas” en el lugar del gobierno, conocido como la Kasba, alimentando un deseo popular de romper con el pasado. Esta demanda popular empujó al gobierno a abandonar su idea de celebrar elecciones presidenciales y proclamó en su lugar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Se pidió a la Comisión para la reforma política que desarrollara el nuevo código electoral para elegir a la Asamblea Constituyente el 24 de julio de 2011, fecha anunciada por el presidente el 3 de marzo de 2011, tras la dimisión de Mohammed Ghannouchi.

Manifestación frente a la sede del Senado

Manifestación frente a la sede del Senado, protegido por los militares, para pedir la disolución de la Asamblea Nacional, constituida durante el régimen del depuesto presidente Ben Ali. Túnez capital, 9 de febrero de 2011. /EFE

El nuevo código electoral pretende garantizar la igualdad de género y la igualdad entre las regiones. Por tanto, se impuso la norma de igualdad de presencia de mujeres y hombres en las listas electorales

Tras las negociaciones entre el gobierno y el Consejo Superior para la salvaguarda de la revolución, el 18 de febrero de 2011 la Comisión para la Reforma Política se convirtió en el Comité Superior para la Realización de los Objetivos Revolucionarios, la Reforma Política y la Transición Democrática. Aunque se conservó el comité de expertos de la antigua Comisión, añadimos personas que representaban a los partidos políticos, las ONG y personalidades independientes. Con 71 miembros a principios de marzo, la cifra ascendió a 155 en abril. Además de 12 partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes, los sectores más afectados y las familias de los mártires de la Revolución del 14 de enero también están representados. En pocos meses, el Comité inició una serie de reformas para preparar la transición democrática. Su misión principal consistía en desarrollar un código electoral para elegir una Asamblea Constituyente. No obstante, se necesita hacer mucho más que meramente cambiar la ley electoral para organizar elecciones transparentes y democráticas. Así que se promulgaron otras leyes: el código de la prensa, leyes sobre partidos políticos y asociaciones.

El interés prestado a la justicia de transición por el gobierno se manifestó mediante la creación de una comisión responsable de la determinación de los abusos y violaciones registrados desde el 17 de diciembre de 2010

Reforma del proceso electoral

El Comité ha estado trabajando a fin de remediar las deficiencias del sistema electoral previo basado en la tiranía y que ignoraba la voluntad del pueblo. Por consiguiente, se creó la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) para supervisarlas y garantizar la transparencia del proceso. Se añadieron normas sobre la financiación de la campaña electoral. Además, el nuevo código electoral pretende garantizar la igualdad de género y la igualdad entre las regiones. Por tanto, se impuso la norma de igualdad de presencia de mujeres y hombres en las listas electorales. En las listas los candidatos debían aparecer alternando mujeres y hombres, y no se aceptaban las listas que no respetaran esa norma. Además, el código sometía la campaña electoral a una serie de principios, como los siguientes:

  • La imparcialidad de la Administración, de los lugares de culto y de los medios de comunicación nacionales.
  • La transparencia de la campaña electoral en cuanto a las fuentes de financiación y a los métodos de desembolso de los fondos.
  • La igualdad de todos los candidatos
  • El respeto de la integridad física de los candidatos y los votantes.

Por tanto, está prohibido hacer campaña en lugares de culto, lugares de trabajo, instituciones educativas y universidades. Además, está prohibida toda invitación que incluya propaganda del odio, la intolerancia y la discriminación por razones de religión o valores sectarios o religiosos durante la campaña electoral. En cuanto a la financiación de las campañas electorales, el código prohíbe tanto las fuentes de financiación extranjeras de todo tipo, como la financiación privada. Los gastos de la campaña electoral están sujetos al control del Tribunal de Cuentas. Por primera vez en Túnez, un comité independiente supervisa el proceso electoral.

Por primera vez en Túnez un comité independiente supervisa el proceso electoral

Libertades públicas

La revolución tunecina es una revolución por la dignidad y la libertad. Desde el 14 de enero, el gobierno intentó introducir cambios en este campo. Se abrió el camino a la libertad de asociación, y la Comisión Superior para la Reforma Política elaboró muchas leyes sobre los partidos políticos, las asociaciones, la libertad de expresión, los medios de comunicación, etc.

Existen muchos riesgos para la transición democrática en Túnez, como la vuelta a una dictadura porque el ejército tomara el poder en caso de incapacidad por parte del orden civil para lograr la estabilidad

Desde el punto de vista práctico, se han reconocido muchos partidos políticos, incluso los prohibidos por la Constitución de 1959, como los islamistas y los nacionalistas. Antes de la revolución, Túnez tenía un sistema político caracterizado por un partido político dominante que no permitía a ningún partido de la oposición asumir el poder. En la actualidad, sin embargo, dos partidos políticos han participado en el gobierno y muchos de ellos están representados en la Asamblea Constituyente. La Comisión Superior para la Reforma Política aprobó un método proporcional que impide que un partido sea predominante en la Asamblea y que fomenta la representatividad de la mayoría de los partidos que se presentan a las elecciones. La nueva ley de partidos políticos fue criticada por algunos partidos, especialmente su artículo 18, sobre la financiación. Están prohibidas cuatro formas de financiación:

  • la financiación directa o indirecta de fuentes extranjeras
  • la financiación de fuentes desconocidas
  • las subvenciones y los donativos de entidades legales públicas o privadas, excluida la financiación del Estado
  • las subvenciones y los donativos de personas individuales que superen los 60.000 dinares.

Tras amplias consultas a los distintos actores implicados en el sector de la información, una subcomisión de la Comisión Superior para la Reforma Política ha podido desarrollar la versión definitiva del borrador sobre el código de prensa promulgado en octubre de 2011. Entre las novedades de este código, incluido el fortalecimiento de los derechos y las garantías para los periodistas, destacan el acceso de los periodistas a la información, la confidencialidad de las fuentes, la eliminación de las condenas de prisión por difamación, la abolición de la autorización y la creación de un consejo audiovisual.

La justicia de transición

La justicia de transición refleja preocupaciones y cuestiones típicas de una transición democrática. Conoce situaciones complejas que requieren una gestión equilibrada y delicada en un contexto de transición. Nos acerca de nuevo a otros conceptos: justicia, verdad, reconciliación, memoria, pacificación… La justicia de transición es incluso más difícil en este periodo de confusión posrevolucionaria que tiene una lógica doble:

  • La de la paz necesaria que garantice la coherencia y que retenga el odio. Esta lógica conduce a los responsables de la violencia política a un arrepentimiento sincero e invita a las víctimas a entrar en un proceso de superación del sufrimiento individual e incluso del dolor, compensado por un mecanismo de conmemoración.
  • La de la tregua política necesaria para construir una nueva sociedad, que garantiza la estabilidad del nuevo orden político mediante una justicia de paz. El proceso de paz de la justicia de transición es el resultado de un acuerdo rectificado, revisado y transformado para adaptarse al cambiante equilibrio de poder y cambios en la seguridad.

La justicia de transición fue considerada tras el 14 de enero como parte de una iniciativa de la Comisión Nacional de Investigación de la Corrupción, creada por el gobierno el 17 de enero. Esta comisión debía determinar la realidad de los casos de corrupción y malversación de fondos, denunciar e identificar a sus autores: personas jurídicas, líderes políticos y funcionarios del gobierno, especialmente durante el periodo desde el 7 de noviembre de 1987 hasta el 14 de enero de 2011.

Otro riesgo es que la libertad permitida por la democracia sea explotada por parte de algún movimiento político que no crea en estos valores a fin de imponer sus pensamientos

Ya sea en la transición de la guerra a la paz o de un gobierno autoritario a la democracia, el concepto de justicia de transición ha emergido en varios países como un paso necesario para avanzar “desde un pasado dividido hacia un futuro compartido”, tal como lo define el Centro Internacional de Justicia de Transición.

Imed Trabelsi, sobrino del expresidente Ben Ali

Imed Trabelsi, sobrino del expresidente Ben Ali, rodeado por militares en su traslado a la primera sesión de su juicio por cargos de corrupción, promovido por la Comisión Nacional de Investigación de la Corrupción. Túnez capital, 20 de abril de 2011. /EFE

El interés prestado a la justicia de transición por el gobierno se manifestó mediante la creación de una tercera comisión, responsable de la determinación de la realidad de los abusos y violaciones registrados desde el 17 de diciembre de 2010, que debía establecer los hechos, investigar las violaciones cometidas durante este periodo, y recibir las quejas de los ciudadanos víctimas directas o indirectas de esas violaciones, o de sus familiares. La comisión estaba directamente dirigida a los ciudadanos, y no necesariamente a las instituciones. Esta comisión podrá establecer, según su presidente, el punto de partida para la creación de “una comisión nacional para la verdad” a fin de investigar los excesos cometidos en Túnez desde la independencia y “proteger la memoria nacional”. Podría poner en marcha comités permanentes de búsqueda de la verdad para la reconciliación nacional y la consagración de la autoridad de la justicia de la transición conforme a los estándares internacionales determinados por las Naciones Unidas.

El deseo de romper con la dictadura representada por Ben Ali es un punto de encuentro entre todos los actores de la revolución, pero no impedirá la instalación de otras formas de dictadura como la tiranía de la mayoría

Teóricamente, estas comisiones actúan en nombre del Estado y tienen una serie de poderes (de recomendación, decisión, regulación y castigo) delegados por éste. Además, son independientes del gobierno, y por lo tanto se encuentran fuera de las estructuras administrativas tradicionales, no están sujetas a ningún poder jerárquico. El gobierno debe respetar su independencia y no puede darles órdenes, instrucciones, ni siquiera simples consejos. No se puede destituir a sus miembros, sólo pueden renunciar. Por el contrario, la administración pública y las instituciones públicas y privadas deben facilitar su misión facilitándoles la información y los datos que necesiten y proporcionándoles recursos y facilidades, todo conforme a la legislación nacional sobre datos personales.

Conclusión

La revolución no conduce necesariamente a la democracia, pero puede ser la causa de la transición hacia ella. La revolución significa cambio, que se basará en los actores y en su ideología. La transición democrática significa pasar de un régimen no democrático, independientemente del nombre que tenga (sistema unipartidista, régimen militar o sistema totalitario), a un sistema basado en tres principios: ciudadanía, libertad individual y participación política.

Durante los últimos meses se han iniciado muchas reformas, principalmente políticas, pero no es suficiente. Existen muchos riesgos para la transición democrática en Túnez, como la vuelta a una dictadura, ya sea mediante la imposición de una ideología o la dictadura de la mayoría, o porque el ejército tomara el poder en caso de incapacidad por parte del orden civil para lograr la estabilidad. El caos en varias formas, ya sea mediante movimientos sociales (huelgas y sentadas) o evitando el cumplimiento de las leyes, y la libertad excesiva que nos lleva al estado de naturaleza al que se refieren las teorías del contrato social, todo esto constituye una amenaza para la democracia y conduce a la tiranía. Otro riesgo es que la libertad permitida por la democracia sea explotada por parte de algún movimiento político que no crea en estos valores a fin de imponer sus pensamientos o su percepción del sistema social a la sociedad por la fuerza y la violencia. Lo que ha ocurrido tras la elección de la Asamblea Constituyente y lo que está ocurriendo ahora ante su sede pone cada vez más de relieve estos riesgos. Ciertamente, el deseo de romper con la dictadura representada por Ben Ali y su régimen es un punto de encuentro entre todos los actores de la revolución, pero no impedirá la instalación de otras formas de dictadura como la tiranía de la mayoría. El papel de la sociedad civil es muy importante para protegerse contra esos riesgos. Debe formarse un poder de compensación para contrarrestar el poder de la mayoría. Por tanto, una sólida oposición puede evitar la tiranía de la mayoría. Además, la sociedad civil tiene que educar al pueblo en los valores democráticos. Lo que se ha logrado hasta el momento indica que Túnez está avanzando hacia la democracia en el sentido de la organización del procedimiento de unas elecciones libres, justas y transparentes en línea con los estándares internacionales, pero atestigua claramente una ausencia de democracia como valor basado principalmente en la libertad y la igualdad. Esto requiere un trabajo a largo plazo para divulgar esta cultura. La tendencia hacia la democracia es visible hoy en día en la opinión pública, pero esta democracia no es liberal.

Los que hicieron la revolución tenían distintas aspiraciones, pero se da prioridad a la aspiración económica

No basta con reformas políticas para que el proceso democrático tenga éxito. El siguiente gobierno tendrá que hacer reformas económicas porque la gente se preocupa y necesita soluciones urgentes a los problemas económicos y sociales. Los que hicieron la revolución tenían distintas aspiraciones, pero se da prioridad a la aspiración económica. Se centraba en el tema del desempleo de los licenciados, aunque también en quienes quieren mejorar su situación económica inmediatamente. •

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