ESTATUS DE LAS MUJERES EN ISRAEL ASPECTOS GENERALES

Durante muchos años se ha considerado a Israel como un Estado que ha logrado alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La Declaración de Independencia, con el compromiso de no discriminación a ningún ciudadano por razones de religión, raza ni sexo, como propugnaba Golda Meir –presidenta del gobierno entre 1969 y 1974–, el servicio militar obligatorio para las mujeres, y los kibutz, con el aura de igualdad entre sus miembros que les rodeaba, hicieron pensar a muchos que las mujeres no sufrían ningún tipo de discriminación y que podían lograr las mismas aspiraciones que los hombres. Efectivamente, las mujeres han disfrutado desde la fundación del Estado de Israel de la igualdad de derechos a la hora de participar en las elecciones como votantes y como candidatas para ser elegidas, del acceso equitativo a la educación básica y universitaria y del derecho a la propiedad privada, independientemente de su estado civil. Asimismo, el catálogo israelí de derechos está lleno de promesas deslumbrantes de igualdad laboral para las mujeres, y les garantiza una ventajosa representación en los organismos públicos y una defensa específica contra la violencia de género. Sin embargo, desde los años 70 del siglo XX, se han alzado voces de políticos, activistas de diversas organizaciones y personalidades del mundo académico que han tratado de destruir el mito de la igualdad perfecta en Israel y de denunciar el abismo existente entre las promesas de igualdad de la Declaración de Independencia y la realidad de la vida cotidiana de las mujeres. Diputadas del parlamento, colaboradoras de algunas ONGs, así como investigadoras científicas, han empezado a revelar las dimensiones de la represión que sufren algunas mujeres israelíes y a tratar de erradicarla.

Un policía israelí imparte una clase de defensa personal a un grupo de ancianas en una residencia › de la tercera edad. Jerusalén, Israel, 25 de diciembre de 2007. / Michal Fattal /EFE

Hoy día es bien conocido el hecho de que muchas mujeres carecen del derecho a participar en la vida política. La representación femenina en la Knesset (el Parlamento israelí) no supera el 20%. Desde la fundación de Israel, solo 12 mujeres han llegado a alcanzar una cartera en diversos Ministerios, y en la administración local dicha representación tampoco supera el 12%, lo que supone una cuota más baja que la de sus homólogas en los países occidentales. La inferioridad de la presencia femenina en la vida pública también es palpable en otros sectores, como los deportes o los medios de comunicación. Así, por ejemplo, las mujeres constituyen solo una cuarta parte de las personas entrevistadas en televisión, y cuando aparecen lo hacen para hablar de temas triviales o para contar alguna historia personal, y no para expresar su opinión sobre cuestiones realmente importantes, como el conflicto entre Israel y Palestina. Respecto al deporte, solo un 15% de los profesionales de élite son mujeres. Y cabe observar que en los medios de comunicación, que dedican un amplio espacio al deporte, las disciplinas netamente femeninas apenas acaparan un 5% de la atención de los medios, y lo mismo se puede decir de sus protagonistas.

Uno de los cambios más destacados en el contexto de la participación de las mujeres en la vida pública es el que concierne a su integración en el mercado laboral. En 1955, el 80.1% de los jóvenes mayores de 15 años estaban plenamente integrados en el mercado de trabajo, mientras que de las mujeres en edad de trabajar solo lo estaba el 26.5%. Hoy, la proporción es del 62% para los varones y el 51.3% para las mujeres. De hecho, entre la población judía apenas hay diferencias significativas entre el porcentaje de población activa de hombres y mujeres, ya que las amas de casa y las madres también trabajan fuera del ámbito doméstico. Por el contrario, entre la población árabe solo el 17.8% de las mujeres tiene un trabajo remunerado (la población árabe, en su mayoría musulmana, constituye el 20% aproximadamente de la población total de Israel, que alcanza los 7.374.000 habitantes de residencia permanente). No obstante, entre la población judía las mujeres no han alcanzado la igualdad en todos los aspectos de la ocupación laboral: un 38% de las mujeres trabajadoras están contratadas a tiempo parcial, mientras que de los hombres solo el 17% desempeñan su actividad bajo esta modalidad. Por sectores, las mujeres se ocupan principalmente en distintos ámbitos de la educación, la salud, labores asistenciales, secretaría y servicios. El sueldo mensual de una mujer es el 63% del que cobra un varón y el salario por horas es para la mujer el 83% del estipulado para un hombre. Por otra parte, solo el 26% de los directores de empresa son mujeres.

Una de las razones principales que explican esta discriminación de la mujer en el mercado laboral es el modelo de reparto de las tareas domésticas. Inversamente a lo que ocurre en los países occidentales, las tasas de matrimonios y de natalidad en Israel son altas. En consecuencia, muchas de las mujeres que tratan de incorporarse al mercado laboral son madres de niños pequeños. Este hecho acarrea notables repercusiones, puesto que en la mayoría de los hogares la mujer carga con todo el trabajo de criar un hijo y solo en un 14% de los casos, aproximadamente, existe un régimen de reparto equitativo de las tareas domésticas. Las expectativas sociales de la mujer de ser madre y asumir las responsabilidades diarias de la crianza de los hijos, unidas a la idea comúnmente extendida en la sociedad de que los padres están exentos de dichas responsabilidades sobre sus hijos, sitúa a las mujeres trabajadoras en la tesitura de no poder dedicarse plenamente a lograr su integración en el mercado laboral y, por lo tanto, a verse obligadas a aceptar empleos a tiempo parcial, o sin estipendio adecuado y en condiciones desfavorables.

Al igual que ocurre en otros países, también en Israel las mujeres están expuestas a sufrir la violencia física común o específica de género, tanto en el seno familiar como fuera de él. Y aunque no disponemos de datos exactos al respecto para calibrar el fenómeno, existen indicios claros de que no se trata de episodios insólitos o aislados. En el año 2005, 15.944 mujeres acudieron a la policía para denunciar malos tratos por parte de sus parejas y en una cuarta parte de los casos se llevaron a cabo detenciones. En ese mismo año, 21 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o por algún miembro de la familia, y en los centros de asistencia para víctimas de violencia de género fueron atendidas 8.970 llamadas. Estos centros informan de que solo el 20% de las mujeres que solicitan ayuda acuden luego a la policía, por temor a las represalias por parte de los agresores en caso de ir a juicio.

La representación femenina en la Knesset (el Parlamento israelí) no supera el 20%

La legislación israelí no solo contempla como delito la violencia física común y de género, sino también cualquier tipo de agresión moral y amenazas. En 1998 se implantó una de las leyes universales contra la violencia de género, al hacerla constitutiva de delito grave e incluirla en la categoría de plagas sociales. Pero en la lucha por erradicar el fenómeno de la violencia de género es necesaria también la colaboración de los servicios sociales del Estado, la policía y todos los estamentos sociales, así como el Ejército y el mundo académico. En 2001 fue regulada la ley que penalizaba las amenazas en todas sus formas: acoso, coacción verbal o escrita y chantaje, ya que dentro del fenómeno de la violencia de género se producen situaciones en las que la vida de la mujer se puede convertir en una pesadilla, especialmente cuado aquella quiere separarse de su pareja y sufre por ello persecución, amenazas en el lugar de trabajo y extorsión. La ley permite a los tribunales dictar órdenes de alejamiento contra los acosadores y actuar contra ellos en caso de que las incumplan. Paradójicamente, y al contrario de lo que ocurre en muchas materias legales en las que la Justicia combate la discriminación sexual y la represión contra las mujeres, en lo que respecta al Derecho de Familia, los tribunales civiles israelíes están subordinados a la autoridad de los tribunales religiosos, de marcado carácter patriarcal. A diferencia de la justicia occidental, los asuntos de matrimonio y divorcio en Israel se dirimen en los tribunales religiosos, que dictaminan según la ley de la Torá. No son posibles el matrimonio civil ni el divorcio en Israel. Los tribunales religiosos también tienen competencia en otros asuntos relacionados con el divorcio, como la manutención y la custodia de los hijos, aunque el dictamen final sea análogo al de los tribunales de familia ordinarios y la separación se discuta antes en el tribunal al que acuda en primera instancia alguna de las partes. Por otro lado, en un tribunal religioso solo puede haber jueces varones, lo que implica que en muchas ocasiones los derechos de la mujer a la igualdad y el respeto se vean menoscabados. Por ejemplo, según la ley religiosa judía, una mujer no puede casarse con un no judío o convivir como matrimonio de hecho con otra mujer. En cambio, el hombre puede formar una nueva familia, aunque la esposa no le conceda el divorcio. Y al contrario, una mujer a la que su marido no le concede el divorcio y tiene hijos fuera del matrimonio no consigue otra cosa que el hecho de que éstos sean considerados “bastardos”, uno de los peores estigmas dentro del judaísmo. Éste es el motivo por el que muchas mujeres renuncian a recibir el dinero que les corresponde, a cambio de obtener del marido la conformidad del divorcio.

En cuanto a la ley islámica, la situación de la mujer también es desfavorable, desde el momento en que se permite al marido tener más de una esposa y solo concede a las hijas la mitad del dinero que reciben sus hermanos varones de la herencia de sus padres.
De todo lo anterior se infiere que el camino de la mujer israelí hacia la igualdad total es aún muy largo. Las circunstancias políticas, laborales y familiares que las rodean suponen limitaciones importantes, además del sistema social patriarcal, que considera que los asuntos relacionados con la mujer pertenecen al círculo privado de la familia. El precio que las mujeres pagan por el mantenimiento de este orden social se puede relacionar con el deterioro paulatino de Israel como Estado del bienestar, y la predominancia del discurso neoliberal tal como se explicará en el siguiente apartado de este artículo.

RIESGOS PARTICULARES DEL NEOLIBERALISMO.

En las primeras décadas de su fundación, Israel se convirtió en el paradigma de una sólida socialdemocracia. El gobierno se fortaleció gracias a la notable aportación económica de la actividad empresarial, los obreros estaban organizados en sindicatos fuertes y los más necesitados disfrutaban de la protección de un sistema de seguridad social eficaz. Pero a partir de la década de los 80 del pasado siglo, comenzó a producirse un fenómeno de dramáticas consecuencias que culminó en la década de los 90, debido al cual Israel se convirtió en un Estado sometido a un régimen económico neoliberal extremista. Las fuerzas que apoyaban la idea de una economía colectivista se debilitaron, y la escena política quedó bajo el dominio de los partidarios de un concepto de la propiedad privada que intentaba reducir la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Muchas empresas públicas fueron privatizadas y se permitió la entrada de otros poderes económicos privados y públicos de otros países, todo ello antes de que los modelos de empleo de trabajadores israelíes afiliados a diversas organizaciones sindicales cambiaran por la contratación de mano de obra eventual y de inmigrantes temporales, y de que se acabaran agotando los fondos de pensiones de jubilación no contributivas. La postura económica de la izquierda apenas logró sostenerse en el mapa político, y el discurso que acabó por imponerse fue el de la crítica al Estado del bienestar y el de la consideración del mercado libre como un sistema de regulación de empleo.

El proceso de deterioro del Estado del bienestar tiene lugar en un periodo prolongado de recesión económica, donde se aprecia una subida de la tasa de desempleo, un envejecimiento de la población y un ascenso del número de divorcios y del índice de natalidad entre las familias de ultraortodoxos judíos y de los árabes, en las que las cifras del paro son especialmente elevadas. Todos estos factores contribuyen a la aparición de un grupo cada vez mayor de personas necesitadas de las ayudas del desgastado sistema de la seguridad social, por lo que no debemos sorprendernos de que Israel haya pasado a convertirse en uno de los países más pobres de la OCDE, junto a Turquía y México, y ocupe el cuarto lugar de la lista de países desarrollados con mayores diferencias entre ricos y pobres.

Unas jóvenes palestinas reciben entrenamiento de defensa personal por parte de unos instructores israelíes e › n la Fundación El Halev, como parte de un programa de prevención de agresiones sexuales. Jerusalén, Israel, 8 de noviembre de 2009. / Kobi Gideon /EFE

A diferencia de otros países, en Israel no se puede hablar todavía de un feminismo perceptible entre las clases más desfavorecidas. Además, los datos señalan que las expectativas más pesimistas se dan en familias al frente de las cuales está una madre soltera o que no recibe ninguna aportación económica del varón por ser viuda o divorciada. Asimismo, son indicativos de que el debilitamiento del Estado de bienestar y la adopción de la ideología socioeconómica del neoliberalismo pueden traer consecuencias decisivas sobre el destino de muchas mujeres. Trataré de analizar estas consecuencias, además de abrir el debate sobre el estatus económico de las mujeres que forman familias monoparentales y las necesidades específicas de las que ya han rebasado la madurez y están en el umbral de la tercera edad.

En 2007, el 12% de las familias israelíes eran monoparentales, y la mitad de ellas tenían hijos menores de 17 años (proporción semejante a la que encontramos en España, Grecia e Italia, y menor de la que se registra en Alemania, Holanda y Noruega), un porcentaje bajo en relación con el de las familias monoparentales con hijos pequeños que encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos (16%) o el Reino Unido (8%). En Israel, el cabeza de familia en un hogar monoparental es una mujer en el 92% de los casos. En conjunto, la actitud de Israel hacia la familia monoparental es de tolerancia e incluso de respaldo, lo cual se plasma en la ley de 1992 sobre familias numerosas, que otorga a los padres de familias monoparentales ventajas salariales, préstamos para vivienda y guarderías diurnas para los niños. Sin embargo, estas concesiones quedan contrarrestadas por el giro del país hacia la doctrina neoliberal, incluyendo la deslegitimación de las familias que no pueden asegurarse la solvencia, a causa de la dificultad para recibir respuestas adecuadas de un mercado capitalista que atiende más al obrero que no tiene cargas familiares. Hay que señalar, además, que una familia monoparental con una madre al frente tiene un futuro más difícil para asegurarse el sustento que un núcleo familiar con dos progenitores, si esa madre no puede dedicar su esfuerzo a la búsqueda de un trabajo bien remunerado. Un ejemplo que ilustra esta dificultad y el perjuicio que sufren las madres de familia monoparental es el cambio introducido en 2003 en la Ley de Garantía de Acceso al Mercado Laboral. De manera transitoria, por estar sujeta a un proyecto de enmienda, dicha ley eximía del examen de acceso a la bolsa de trabajo a los progenitores (tanto madres como padres) de familias monoparentales con hijos menores de siete años. En otras palabras, se les concedía el derecho a no tener que presentarse periódicamente en la oficina de empleo y que no constara en su expediente el hecho de que no hubieran encontrado trabajo. La enmienda a la ley determinó que la exención del mencionado examen solo beneficiara a las madres con hijos menores de dos años. Como consecuencia de la aplicación de esta ley, muchas madres solteras o solitarias se vieron obligadas a acudir a la oficina de empleo, y a buscar trabajo por sí mismas, sin la garantía de su inscripción en la bolsa de trabajo. En el caso de que no pudieran aceptar el trabajo propuesto por ser incompatible con el cuidado de los hijos, se les retiraba inmediatamente el derecho a la “garantía de acceso” y se les apuntaba un “negativo” en su expediente. Sobre las circunstancias por las que una madre soltera o cabeza de familia se ve obligada a rechazar el empleo propuesto por la oficina de empleo, sirven de modelo los casos particulares de dos mujeres que acudieron al Tribunal Supremo a través de la asociación Itaj Maají, compuesta por abogadas que luchan por la justicia social, y como en este caso, contra la enmienda a la mencionada ley de garantía de acceso.

Svetlana Bajtin llegó a Israel en 1997. Era madre soltera de un hijo de dos años y tres meses. A los cinco meses del nacimiento del pequeño fue despedida de su trabajo como camarera y desde entonces no tiene empleo. Sus ingresos mensuales, unos 650 dólares, proceden de una prestación de la seguridad social. Svetlana no tiene casa en propiedad ni otros bienes, y además debe afrontar deudas por valor de 2.000 dólares en gastos fiscales por pleitos relacionados con la vivienda y la manutención.

Zahva Elqart ganó su demanda de divorcio dos años después de su separación, cuando ya tenía seis hijos de 22, 17, 16, 13, 7 y 4 años de edad respectivamente. Su marido era drogadicto y la familia no le prestaba ninguna ayuda. Desde que tuvo a su primer hijo, Zahva dedicó todo su tiempo a criarlo a él y luego a sus hermanos, conviviendo todos juntos. Zahva sobrevive gracias a las ayudas de la seguridad social, cuya cuantía es de 1.200 dólares al mes aproximadamente, con los que debe hacer frente a las deudas contraídas con diversos organismos públicos como el ayuntamiento, que le corta el suministro de agua con frecuencia. Zahva, además, es una mujer enferma que recibe asistencia de diversas organizaciones que le donan a ella y a su familia alimentos y vestidos.

En lo que respecta al derecho de familia los tribunales civiles israelíes están subordinados a la autoridad de los tribunales religiosos, de marcado carácter patriarcal

En ambos casos hemos hablado de madres de familia que cuidan solas a sus hijos. Para poder salir a trabajar necesitan centros educativos con internado donde dejarlos mientras ellas trabajan. Pero aquí radica el quid de la cuestión: Israel no dispone de suficientes guarderías para niños menores de 5 años. Los centros existentes son privados o pertenecen a determinadas organizaciones feministas. Hay institutos que dependen de las subvenciones del Estado, que las otorga según las disposiciones del gobierno vigente. Por ejemplo, en la actualidad, una madre de familia que cobra el salario básico tiene derecho a una subvención del 50% del precio de una residencia estudiantil para su hijo, con lo que pagaría un promedio de unos 150 dólares. Otras madres, como Svetlana y Zahva, dependen para su subsistencia de viviendas subvencionadas, al no poder tener acceso a una vivienda propia o a internados corrientes para sus hijos. Sin embargo, no hay en la actualidad plazas suficientes en los centros subvencionados para los hijos de mujeres trabajadoras; y la situación es aún más dura en las zonas árabes, donde no existen organizaciones de mujeres que gestionen centros de este tipo. Y las guarderías privadas están fuera del alcance de madres como Svetlana y Zahva, e incluso de muchas que disponen de empleo y sueldo. Su precio es tan alto que ningún empleo ajustado a su salario y formación les permite pagarlo.

Una dificultad añadida a la propia falta de este tipo de guarderías y sus precios es el horario de apertura. Los centros disponibles abren, como máximo, ocho horas. Cuando los niños alcanzan la edad escolar, la situación es aún más difícil por el hecho de que en la mayoría de los colegios la jornada escolar suele concluir sobre las 13:00 horas. En algunas escuelas, las clases del tercer curso, en su mayoría, prolongan su horario hasta las 16:00 horas, aunque están sujetas al pago de una cantidad nada despreciable. Así, ¿qué puede hacer una madre de familia sola que tiene que acudir al trabajo en una empresa de envasado de carne cuyo turno empieza a las seis de la mañana, o aquella cuyo turno termina a las siete de la tarde? ¿Quién puede cuidar de sus hijos y cómo puede costear sus cuidados? El Estado de Israel no ha conseguido dar respuestas satisfactorias a estas preguntas. A lo largo de los procesos en el Tribunal Supremo sobre los casos de Svetlana y Zahva, el Estado acordó cambiar las directrices sobre las familias monoparentales: una madre que rechaza un empleo con el argumento de la “dificultad objetiva” que tiene para encontrar un centro de internamiento para sus hijos no perderá el derecho al programa de garantía de inserción laboral. Así, la ley que obliga a las madres que son cabezas de familia con hijos mayores de dos años a registrarse en la oficina de empleo, permite también al Estado tener en cuenta las posibilidades reales de integración en el mercado laboral de las madres que, previamente, no aparecían de alta en el sistema de la seguridad social. Ni que decir tiene que cualquier medida que el Estado pueda tomar sobre las guarderías, así como las escasas horas de jornada escolar de los niños más mayores, influyen en la integración de las madres en el mercado de trabajo, y no solo afecta a las madres de familias monoparentales. Como ya he señalado antes, cuando una mujer tiene pareja la sociedad asume que será ella la responsable de cuidar a los hijos. Además, el sueldo inferior de las mujeres nos obliga a contemplar ciertos matices de los datos de cualquier análisis económico, al considerar los casos de las mujeres que cuidan de sus hijos. Así, podemos entender que lo que en un principio parece que es la integración de la mujer en el trabajo de manera eventual, se trata en realidad de la interpretación lógica de que la madre trabaja menos horas para atender a sus hijos, una determinación que vuelve a sacar a la palestra la idea de que las mujeres no son buenas trabajadoras a causa de sus obligaciones familiares, y que a pesar de ello, su integración en el mundo laboral es cada vez mayor.

El conflicto entre la integración de las mujeres en el mercado de trabajo y sus obligaciones familiares alcanza en Israel unas cotas más altas que en otros países. En vez de estudiar las reformas llevadas a cabo en algunos países europeos para conciliar el empleo femenino con la vida familiar, el Estado de Israel ha adoptado el modelo norteamericano de empleo, sobre todo en lo referente a los horarios de trabajo semanales, y en las empresas de ciertos sectores se pide a los trabajadores disponibilidad total. Además, la ley que regula los tiempos de trabajo y descanso también permite exigir a los obreros ampliar el horario de trabajo sin condiciones. Una cultura capitalista del trabajo como ésta impide a las madres trabajadoras ejercer sus derechos, en especial el de tener un trabajo remunerado y digno, y define al “trabajador ideal” como aquel que no tiene obligaciones familiares ni tiempo libre, y además, reduce la identidad personal, familiar y social –tanto del hombre como de la mujer– a su capacidad de trabajo. Las mujeres que no quieren o no pueden someterse a este trato humillante se excluyen a sí mismas del mercado laboral y pierden toda posibilidad de obtener un empleo digno y de ampliar sus perspectivas de progreso. Para asegurar su integración en condiciones de igualdad y garantizar sus derechos como madres trabajadoras, el Estado de Israel debe tomar una serie de medidas que incluyan adoptar una política laboral que no tenga en cuenta el número de horas de trabajo como criterio único para valorar la categoría del puesto; poner en marcha una política única para todo el país que regule estrictamente los horarios de trabajo y descanso; estimular la creación de empleo digno a tiempo parcial; incentivar a las empresas que permitan a sus trabajadores conciliar la vida laboral y familiar; orientar a los progenitores varones a la hora de asumir sus responsabilidades paternales, como en aquellas actividades de su tiempo libre que solo ellos pueden realizar. Por supuesto, estos mecanismos no pueden ejecutarse a través de una sola vía y con el obstáculo que supone la concepción de un mundo neoliberal que se desentiende de los trabajadores a favor de una ideología de mercado que ignora sus derechos y sus obligaciones familiares.

En las primeras décadas de su fundación, Israel se convirtió en el paradigma de una sólida socialdemocracia

Uno de los grupos de población que se ha visto especialmente perjudicado por el deterioro del Estado de bienestar y por la ideología neoliberal es el de las mujeres ancianas. La población anciana en Israel continúa creciendo, pero su proporción respecto a la población activa sigue siendo más baja que en los países occidentales. Las previsiones apuntan a que en 2025 cerca de un 12.7% de la población israelí será mayor de 65 años, porcentaje que supone la mitad en comparación con los países occidentales. De este sector de población, las mujeres constituyen el 57%, y entre las personas mayores de 90 años, la proporción femenina alcanza el 63%. La esperanza media de vida en Israel es de 83 años para las mujeres y de 79.1 años para los hombres, mientras que los árabes, tanto hombres como mujeres, viven por término medio unos 4 años menos que los judíos. En comparación con el resto del mundo, la esperanza de vida de las mujeres israelíes está más cerca de la media de los países occidentales que la de los varones, que es más alta respecto a la de los europeos. Respecto a las mujeres de la tercera edad, hay que señalar el hecho de que la longevidad no implica que la calidad de vida sea igualmente alta. La calidad de vida es una apreciación subjetiva de tranquilidad y bienestar que depende del estado físico y psicológico del individuo, así como de su estatus social. La calidad de vida de las ancianas puede deteriorarse a causa de la soledad, como indica el elevado censo de viudas, derivado de la elevada esperanza de vida de las mujeres y de la destacable diferencia de edad respecto al varón que tiene su origen en la idea generalmente asumida de que el varón debe ser de mayor edad que la esposa. Otro factor que influye en la calidad de vida de las ancianas es la salud: las mujeres sufren más enfermedades crónicas que los hombres y recurren durante más años y con más frecuencia a los servicios de salud. Un tercer factor que puede afectar negativamente a la calidad de vida de las ancianas, y que repercute sobre los dos anteriores, es su situación económica. Cerca del 22% de los ancianos en Israel vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone el 19% del total de la población. A pesar de que el Estado de Israel no invierte suficiente esfuerzo en elaborar una estadística completa sobre la situación de la pobreza entre sus habitantes en general ni sobre los ancianos en particular, existen indicios claros de que las mujeres de este grupo de población se encuentran en una situación más delicada que los hombres. En 2003, los hombres de 65 años trabajaban un promedio de 30 horas por semana, mientras que entre las mujeres de su misma edad la media de horas semanales de trabajo era de 20. Además, el 52% de los varones mayores de 65 años cobraba una pensión, en tanto que de las mujeres solo la percibía el 26%, a partir de los 60. La situación económica de estas mujeres solo mejora si se les concede la pensión vitalicia de su marido, si pueden disfrutar de su seguro de vida después de quedar viudas o si reciben una parte significativa de su herencia. Pero lo cierto es que su elevada esperanza de vida, la integración a tiempo parcial en el mercado laboral y las obligaciones familiares se cobran un alto precio de su esfuerzo y de los ingresos que han de recibir cuando lleguen a la edad de jubilación.

Una familia de judíos ultraortodoxos en el barrio de Mea Shearim durante la celebración de la festividad d › e Purim, el “carnaval judío”. Jerusalén, Israel, 11 de marzo de 2009. / Olivier Fotoussi /EFE

La cuantía de estos ingresos condiciona en gran medida las posibilidades de ocuparse, en su caso, de la pareja que vive con ellas, o de hacerles más llevadera su soledad, cubrir sus necesidades o asegurarse de poder costear su estancia en una residencia de personas mayores. Asimismo, el derecho al cuidado de su salud puede verse seriamente amenazado si sus ingresos no les permiten cubrir los gastos médicos ni, como es lógico y dependiendo del grado de pobreza, otras necesidades básicas de subsistencia como la nutrición, el vestido, la vivienda y hasta la calefacción. El riesgo de caer en estas situaciones se ha agudizado con el paso de la política israelí del bienestar a la política neoliberal. En enero de 2010, la pensión básica de jubilación por la seguridad social en Israel es de 350 dólares, el 16% de un salario medio normal, y desde luego, muy inferior a la pensión mínima europea, que es el 30% de un salario medio. Esto sitúa a quien no recibe otros ingresos complementarios de cualquier tipo en el umbral de la pobreza. Por otra parte, los servicios médicos y el gasto farmacéutico que subvenciona el Estado no bastan para satisfacer las necesidades de salud de este colectivo, un 17% del cual se ve obligado a renunciar a la consulta médica o a la adquisición de medicamentos a causa de su elevado precio. Ni que decir tiene que el otro precio a pagar por las ancianas con dificultades económicas por su forzosa renuncia a los servicios de salud es aún más caro.

A grandes rasgos, el panorama general es de abandono por parte del Estado de sus responsabilidades sobre el cuidado de los ancianos, en manos de instituciones religiosas privadas (cristianas) y de agencias de asistencia cuyo personal está compuesto de inmigrantes “importados” a tal efecto. Sin embargo, también es cierto que el Estado ofrece ayudas de asistencia a los ancianos que necesitan cuidado diario, aunque no son suficientes para garantizar una atención de calidad, y son aún más precarias en el caso de las mujeres a las que nos hemos referido anteriormente. La insuficiencia de estas ayudas está bien ilustrada por el hecho de que la cuantía mensual de la prestación es de 500 dólares, mientras que el sueldo de una asistenta extranjera es de 1.250 dólares al mes, y más aún si se trata de una asistenta israelí. El coste mensual de la estancia en una residencia de religiosos asciende ya a cifras que oscilan entre 1.250 y 3.750 dólares. En este último periodo, las solicitudes de ayudas asistenciales por parte de las ancianas más desfavorecidas se han incrementado notablemente. Las causas de este fenómeno son el aumento de la esperanza de vida y la falta de predisposición o de posibilidades por parte de sus familiares a cuidar de ellas, lo que ha abierto un gran abismo entre dos clases dentro de este grupo de población senil: la de quienes tienen medios económicos para costearse los servicios que necesitan en instituciones privadas y la de quienes carecen de ellos y se ven abocados a una vejez con baja calidad de vida y graves riesgos para la salud.

PERSPECTIVAS PREOCUPANTESPARA EL FUTURO

El debate sobre la situación de las madres de familia monoparental y las ancianas sirve para explicar los detalles más concretos del proceso de deterioro del Estado de bienestar en Israel. Es importante comprender que la adopción del régimen neoliberal que caracteriza hoy día a Israel supone un obstáculo grave no solo para el futuro de esas mujeres, sino también para el de toda la sociedad. Israel es un Estado dividido en múltiples partes. Hay judíos y árabes enfrentados por el conflicto palestino-israelí, y dentro de la población judía hay numerosas divisiones entre ultraortodoxos, religiosos moderados y laicos; entre askenazíes y orientales; entre los partidarios de un Eretz Israel único y los activistas pacifistas a favor de la separación y de los dos Estados. El incumplimiento de sus obligaciones Uno de los grupos de población que se ha visto especialmente perjudicado por el deterioro del Estado de bienestar y por la ideología neoliberal es el de las mujeres ancianas por parte del Estado respecto al bienestar social socava una de las bases principales de la solidaridad social, que regulan una sociedad tan compleja y dividida. El mensaje neoliberal es que el hombre es un lobo para el hombre. Un mensaje siempre problemático y siete veces más grave en un Estado de por sí sometido a fuertes tensiones y situaciones explosivas. El régimen económico neoliberal ha añadido un elemento de división social al Estado de Israel: la diferencia entre ricos y pobres, una división que contribuye a agrandar otra diferencia, como es la tremenda desigualdad económica ya existente entre los distintos grupos de población. En Israel, los árabes, los orientales y las mujeres se encuentran en lo más bajo de la pirámide económica. Por encima se sitúan los israelíes judíos, los askenazíes y los varones. Lamentablemente, el conflicto nacional se ve impulsado por personas directamente perjudicadas por el deterioro del Estado de bienestar, al haber votado a partidos de izquierdas situados en su momento en una posición privilegiada de cara a la sociedad y que por diversas causas han desaparecido del panorama político. Así, la derecha política, que es también la económica, sigue experimentando un auge notable gracias al apoyo de amplias capas de población que pagan un precio asequible por sus viviendas y que prefieren seguir pagándolo apoyando a la derecha por su hostilidad hacia los palestinos, conscientes de ello y a pesar de todo. La gravedad del conflicto entre Israel y Palestina y la falta de una solución previsible dificultan la probabilidad de que una clase política bien organizada devuelva a Israel a la sociedad del bienestar mediante políticas dirigidas a conservar una socialdemocracia por el bien de todos sus habitantes.