La revuelta de Sidi Bouzid, que fue el punto de partida de la revolución tunecina del 14 de enero de 2011, forma parte de una serie de movimientos de protesta que ha sacudido Túnez en los últimos años. Dichos movimientos sociales fueron propiciados principalmente por los jóvenes, por esa generación del ingenio obligada a vivir del trapicheo y las chapuzas. Durante dos décadas, el régimen tunecino se presentó como el artesano del “milagro” económico, mostrando resultados positivos en términos de crecimiento económico y de gestión con unos presupuestos equilibrados aclamados de forma unánime por sus patrocinadores. Pero ese discurso sobre el “milagro” tunecino ocultaba realidades económicas mucho más complejas y una situación social que se había deteriorado especialmente en los últimos años de vida del régimen de Ben Ali. Eso es lo que denunciaron los movimientos sociales de la cuenca minera de Gafsa en 2008, la de Ben Guerdane en la frontera con Libia en 2010 y finalmente la de Sidi Bouzid. El modelo tunecino de desarrollo, cuyos cimientos datan de la liberalización económica de principios de los 70, fundamentada en una injerencia en la división internacional del trabajo a base de presionar sobre el coste de la mano de obra y la subcontratación internacional, ha mostrado progresivamente sus limitaciones en la integración de los recién llegados al mercado laboral, provocando que éstos estuvieran abocados al éxodo rural, a la inmigración ilegal o a buscarse la vida de otro modo. Esa situación de marginación particularmente reconocible en las regiones del interior del país, feudos de la revuelta, ha desembocado en una brecha regional que ha seguido suscitando la indignación de la población. La corrupción y la depredación no han hecho sino aumentar en la última década, esbozando las características de una economía administrada políticamente según las leyes de la lealtad política y el clientelismo a costa de la eficiencia y la competitividad. La política económica del antiguo régimen fue la de las alianzas, las negociaciones y las transacciones e integraba una parte de la población y excluía un número cada vez mayor entre los más jóvenes y las clases pobres. El régimen de Ben Ali era muy consciente de ello, él que había decretado el 2010 “Año de la juventud” y cuyo lema premonitorio era “una juventud capaz de plantar cara a los retos”. ¡Y a los retos, efectivamente, les plantó cara a partir del 17 de diciembre de 2010, justo antes que fuera demasiado tarde!

La caída de Ben Ali desembocó en un periodo de transición lleno de promesas en materia de empleo juvenil y de desarrollo de las regiones desheredadas. Si las luchas políticas han acaparado este primer año en el que se han celebrado las primeras elecciones libres, los problemas económicos no han sido ajenos y han aflorado igualmente  debido al deterioro de la situación del empleo y la explosión de las reivindicaciones sectoriales. En estos momentos en que el primer gobierno post-electoral se está formando, los desafíos desde el punto de vista económico son múltiples. La situación requiere establecer a la vez una política de estímulo a corto plazo y reformular el modelo de desarrollo a largo plazo con el fin de integrar las poblaciones marginadas durante tanto tiempo por parte del régimen de Ben Ali. En efecto, si la caída de éste mostró el fracaso del autoritarismo, también puso en evidencia la desintegración de un modelo económico y la necesidad de reinventar otro.

Una realidad económica y social marcada por el aumento de las desigualdades y las formas autoritarias de gobierno.  

Los movimientos sociales de 2010 y la partida de Ben Ali en enero de 2011 han sacado a la luz las dificultades económicas y sociales, las desigualdades y las deficiencias del modelo económico tunecino. Las más graves, o al menos las que más abiertamente se oían en las protestas y que siguen siendo objeto de las reivindicaciones sociales en curso, se centran en el desempleo y la exclusión, particularmente de los jóvenes, en la brecha regional, en la precariedad de las condiciones laborales y en la corrupción.

 

El desempleo y la extrema dificultad de la juventud en términos de incorporación al mercado laboral

Durante mucho tiempo, fue imposible obtener unos datos reales del desempleo y del subempleo en Túnez. En el período inmediatamente posterior a la caída de Ben Ali, el diario del gobierno La Presse “revelaba” el número real de los jóvenes desempleados proporcionado por el Observatorio Nacional de la Juventud. Según ese periódico, los resultados de una encuesta realizada por esa institución había sido “cortados de raíz”, para “preservar la buena imagen de Túnez en el exterior”. Supimos así que la tasa de desempleo entre los jóvenes de 18 a 29 años rozaba el 30 % en 2009, llegando al 45% para los titulados de la enseñanza superior, mientras que las cifras publicadas por el régimen de Ben Ali mostraban un 22,5% para los licenciados desempleados y una tasa de paro global invariable del 14%.

El desempleo de los titulados ha sido sin duda una fuerza fundamental en el levantamiento popular de diciembre de 2010. Cada año, se calcula en torno a 140.000 el número de personas que intentan incorporarse al mercado laboral contra únicamente 80.000 a 85.000 puestos creados, principalmente localizados en la capital y su área y en la costa. Durante los últimos años del régimen de Ben Ali, el Undécimo Plan (2007-2011) preveía anualmente la creación de 83.000 empleos en base a una previsión de crecimiento del 6% en ese período. Sin embargo el crecimiento real fue inferior a dichas previsiones, una media del 4%, limitando el número de empleos creados entre 60.000 y 65.000 puestos. Entre esas 140.000 personas, se estima que 70.000 son titulados, 40.000 salen de la formación profesional y 30.000 no tienen cualificación. La situación no ha mejorado tras la caída del régimen cuando vemos los efectos de los movimientos sociales y especialmente las consecuencias de la guerra libia sobre la economía tunecina. En la actualidad, la comunidad empresarial ha lanzado una voz de alarma ya que la situación laboral ha superado los 700.000 desempleados para acercarse poco a poco al umbral alarmante de 1 millón de desempleados. De hecho, no hay duda que el desempleo, que era el problema más grave, y que el discurso del “milagro” intentaba ocultar, sigue siendo el mayor reto en términos de gestión para los nuevos gobernantes.

La brecha regional entre el interior del país y el litoral  

Siendo una característica común en todas las regiones del país, el desempleo, al igual que la pobreza, se distribuye de manera desigual entre las regiones costeras y las del interior del país. En la medida en que la tasa de pobreza que era del 3,8% a escala nacional fue recalculada al 24,7%, se estima que la tasa de pobreza en las regiones interiores del país y del centro-oeste supera ampliamente el 30%. Esta pobreza tiene su origen en gran parte en el desequilibrio en la distribución del tejido empresarial y las desigualdades en el acceso al empleo. De hecho, aunque se contabiliza una empresa cada 20 trabajadores en activo en el este del país, esa proporción es de una empresa cada 170 trabajadores en activo en el oeste. Estos datos reflejan algo obvio para cualquiera que conozca Túnez: una enorme concentración de empresas en la capital y en la costa. También explican el éxodo rural de las poblaciones activas desde el interior del país hacia la única región dinámica. La crisis del sector agrícola ofrece otra explicación de la magnitud de las desigualdades entre las regiones. El mundo rural ha tenido históricamente un peso considerable en las transformaciones de la economía tunecina, primeramente en su modernización, luego en la preservación de los equilibrios económicos y sociales a través del establecimiento de los precios agrícolas sin beneficiarse por ello de las ayudas y las subvenciones que hubieran podido permitir su propia modernización. Por otra parte, el proceso de liberalización y la retirada del Estado durante las últimas dos décadas contribuyeron significativamente al aumento de las dificultades de las regiones del interior del país. Este desplazamiento de la población, principalmente masculina, a las zonas industriales de la capital y su área metropolitana (el Gran Túnez) o la costa auspició la formación de una bolsa de mano de obra en la que los empresarios industriales se nutrieron. Ello permitió a éstos consolidar su estrategia de control de los salarios y debilitar las condiciones de trabajo. Poner en liza los salarios de la mano de obra urbana con aquellos provenientes del mundo rural tuvo como consecuencia una fuerte reducción de los salarios.

 

Una transformación de la organización del trabajo

El discurso sobre el “milagro” económico ocultaba además una transformación del trabajo y un deterioro generalizado de las condiciones laborales para las clases medias y populares. La política contractual (al-mounawala) es la que mejor simboliza esa política de precariedad de las condiciones laborales. Constituye una forma híbrida entre el trabajo temporal y la subcontratación de algunos servicios, como los de limpieza y vigilancia. Túnez cuenta al menos con 150.000 personas contratadas bajo este sistema de trabajo que, bajo el régimen de Ben Ali, fueron víctimas de todo tipo de abusos: privados de cualquier titularidad, sin cobertura social, sufriendo presiones sobre los salarios y con pésimas condiciones laborales que llegaban incluso hasta quitarles días de descanso y días festivos, previstos en la ley. Instaurado en 1996, este sistema de contratación fue especialmente recurrente en el sector público y afectó al menos a 100.000 empleados. También estaba presente en la industria al igual que en el turismo: la liquidación aplicada a los precios por noche de hotel a los cuales los empresarios estaban abocados bajo la presión de los operadores turísticos -de los que dependen completamente- tiene como efecto un desplome de los salarios y de las condiciones laborales para un personal explotado. Esa espiral representa el agarrotamiento del sector turístico y refleja las malas opciones elegidas: la escasez de capitales propios y el sobreendeudamiento considerable de dichos establecimientos empujó y empuja los hoteleros a una búsqueda frenética de rentabilidad, incluso si eso significa tirar los precios, perder interés por la calidad de las prestaciones, creando con ello un círculo vicioso. Para funcionar, este modo de gestión se basa principalmente en una importante presión sobre los salarios, en una precariedad de las condiciones laborales y en acuerdos políticos que contribuyan al mantenimiento de un orden político económicamente ineficiente.

Corrupción y depredación: formas de gobierno de pleno derecho

Contrariamente al discurso dominante, en el ámbito de los negocios la corrupción no puede resumirse en la depredación de los “clanes”, sino que se debió principalmente a una punción sobre las actividades económicas existentes. Los miembros que componían esos “clanes” (fundamentalmente los hermanos, hijos, sobrinos y yernos de Zin al-Abidín Ben Ali y de su esposa Leila Trabelsi) nunca fueron en su mayoría hombres de negocios y nunca serían considerados como tales. Ellos simplemente se aprovecharon de su poder para construir una   posición de acumulación, monopolizando la función de intermediación en las privatizaciones, en las operaciones de importación y exportación, en el acceso a la contratación pública mediante licitación, en el acceso a la información. También procedieron mediante la intimidación, obteniendo a través de la coerción acciones de los negocios que iban bien, y multiplicaron las estrategias matrimoniales para ampliar su ámbito de intervención. Esa corrupción sólo afectaba a los más importantes hombres de negocios tunecinos o que operaban en Túnez.

Sin embargo, estas prácticas de los “grandes” no resumen por si solas el “mal clima de negocios”, y no pueden explicar por si solas la debilidad de la inversión privada. Por un lado, la mayor parte de los actores económicos (hay que recordar que más del 90% del tejido industrial está compuesto por empresas con menos de 10 empleados) no sufrieron esa depredación. Por otro lado, los empresarios más importantes también eran “requeridos” para obras públicas que estaban diseñadas para ayudarles y controlarles. Por lo tanto, los pequeños empresarios y comerciantes, al igual que los grandes empresarios, fueron parte de la economía de los “chanchullos”, de los acuerdos y de los compromisos que permitieron el “milagro” tunecino. Es en ese contexto que hay que entender la corrupción, que adopta mucho más la forma de múltiples intermediaciones que la de la depredación: llamada realizada a un conocido para orientar un juicio, activación de una red de amistad, regional o profesional para esquivar una norma, movilización del partido para no reembolsar una deuda o pagar impuestos, intervención de las relaciones familiares para obtener un favor. La intervención puede adoptar evidentemente una forma financiera : hay que pagar para recibir un empleo u obtener una beca, conseguir los documentos requeridos en tiempo y fecha, para abrir un negocio, vender a escondidas o participar en las redes de contrabando…

 El discurso sobre el “milagro” tunecino ocultaba realidades económicas mucho más complejas

Una gestión de excedentes mediante la tolerancia ante la ilegalidad

La corrupción refleja la difusión de prácticas comerciales ilegales. En este sentido, el discurso sobre el “milagro” buscaba ocultar la incapacidad estructural de la economía de crear empleos en un contexto de masificación escolar y de presión demográfica, y por consiguiente de producción de “excedentes”. El modelo de desarrollo de Túnez condenaba de hecho a los nuevos solicitantes de empleo a largos periodos de espera y los empujaba hacia una economía de subsistencia, única oportunidad susceptible de proporcionarles recursos materiales. Esta configuración refleja una de las principales características del desempleo en Túnez, a saber, el hecho que se trata de un desempleo de inserción y no de despido. Por lo tanto, los jóvenes son “abandonados a su suerte” por parte de un sistema económico que ha funcionado mucho tiempo excluyéndolos del mercado laboral y, en el caso que accedieran a él, convirtiéndoles en trabajadores precarios. Sin embargo, la gran mayoría de ellos se ven obligados a vivir en los márgenes de la legalidad. El desarrollo de las prácticas populares del ingenio y de la supervivencia ha reflejado una informalización masiva de la economía como respuesta a los fallos del sistema económico. En efecto, dicha economía informal, estimada en 2002 en 38% del PIB y que da trabajo a casi el 40% de la población activa, permite vivir a regiones enteras, especialmente las regiones del sudeste, del centro-oeste donde su progresión es crónica. El anhelo por partir y la emigración masiva de los jóvenes deben considerarse igualmente bajo el prisma tanto del contexto económico moroso como de la tolerancia de los poderes públicos a dichos movimientos migratorios que vieron históricamente como una solución al problema de la mano de obra excedente.

Los retos de la transición. Incertidumbre política: un sesgo para la continuidad en las opciones económicas

Desde la partida de Ben Ali, los gobiernos sucesivos se han enfrentado a una grave crisis marcada por el aumento de las demandas sectoriales, la llegada masiva de refugiados libios y extranjeros y la desaceleración de la actividad económica que ha provocado un aumento del desempleo. De hecho, los gobernantes han tenido que hacer frente al mismo tiempo a la necesidad de optar por una estrategia de estímulo a corto plazo y la revisión del modelo de desarrollo a largo plazo, a lo que han prestado bastante poca atención dada la incertidumbre política que ha prevalecido hasta ahora.

Una difusa estrategia de estímulo a corto plazo

A corto plazo, no hay duda que solo la opción keynesiana de estímulo puede hacer frente a las crecientes dificultades y a las demandas de aquellos que han apoyado los movimientos sociales. Además de las políticas de contratación en el sector público y de mejora de la protección social, la política keynesiana anunciada por el gobierno se concreta clásicamente en una política de grandes y pequeñas obras y de pequeñas inversiones rápidamente realizables en los servicios públicos. Las inversiones anunciadas por el gobierno del primer ministro Beji Caid Essebsi, que están sujetas a las posibilidades de financiación, se centran en la ejecución de obras públicas, especialmente en el sector del saneamiento, de las energías y de las infraestructuras de carreteras (mil millones de euros); medidas de acompañamiento en la creación y desarrollo de las PYMES mediante la movilización de líneas de créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI); medidas para los bancos y las empresas de leasing tunecinas (260 millones de euros); el apoyo a la construcción de la nueva planta de Mdhilla del Grupo Químico Tunecino, una moderna unidad con los más altos estándares medioambientales (140 millones de euros); puesta en marcha de un amplio programa de mejoras de carreteras en todo el país (160 millones de euros); medidas para el sector de las energías (sector del gas), de equipamiento para colectividades locales (red viaria, alumbrado, agua potable, aguas residuales, tratamiento de residuos, equipamientos sociales) y microcréditos por un importe total de unos 130 millones de euros. A pesar de las esperanzas suscitadas por estos anuncios, estos proyectos están luchando por salir adelante debido a la incertidumbre política y las dificultades de financiación. Su logro será sin duda una de las principales tareas del próximo gobierno encabezado por el movimiento islamista al-Nahda.

Este proyecto de estímulo se ocupa igualmente, en su capítulo no financiero, de la necesidad de consolidar el ámbito de los negocios. En efecto, la debilidad de la inversión privada ha sido durante mucho tiempo atribuida a la depredación de los clanes Ben Ali y Trablesi, que ha deteriorado el clima de los negocios en Túnez. Sin embargo, en realidad, este enfoque ha producido un efecto perverso fundamental: impide plantear y debatir los problemas de la economía tunecina, el sistema de clientelismo desarrollado en torno al antiguo partido en el poder, el RCD (Agrupación Constitucional Democrática) y al sindicato UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo), así como del estado de la justicia. Las escasas inversiones en la economía tunecina no se deben únicamente a las punciones realizadas por los clanes. También están directamente ligadas a las constantes intervenciones de los poderes públicos, así como a la naturaleza de los incentivos económicos concebidos más por presiones políticas y por consideraciones financieras que por razones económicas de competitividad. El discurso de las élites del nuevo gobierno defiende una “buena gobernanza” y poner fin a la corrupción endémica que caracterizó al gobierno bajo el antiguo régimen para ganar unos pocos puntos porcentuales de crecimiento y resolver los problemas estructurales de la economía tunecina. Sin embargo, no hay ningún debate en torno a la política económica de Túnez, ni sobre los acuerdos que sirvieron de base para la creación de una “burguesía a crédito“, ni sobre el aumento del fraude, o acerca del enriquecimiento ilícito y la represión, o sobre los abusos contra el mundo laboral y los asalariados. Todo eso no ha sido impugnado después de la salida de Ben Ali y de los clanes, ni se ha puesto públicamente sobre la mesa. La depuración del mundo de los negocios implica una reorganización de todos los ámbitos: financieros, legislativos, fiscales, aduaneros, jurídicos, informáticos, sociales y last but not least judiciales. La cuestión de la justicia es, sin duda, fundamental y ha sido escasamente criticada cuando la instrumentalización política de la magistratura, de los abogados y más generalmente de todas las profesiones ligadas al mundo judicial, ha sido clave en el ejercicio del poder del régimen de Ben Ali. La prioridad dada a la lucha contra la corrupción mediante el establecimiento de una comisión ad hoc impide que se pueda acometer una limpieza digna de ese nombre, que una profesionalización y una especialización puedan desarrollarse (tales como departamentos especializados en asuntos financieros, fiscales y arancelarios), e impide también que se pueda abrir la temática de la independencia del poder judicial, tal y como subraya el sindicato de los magistrados y numerosos abogados.

 

La necesidad de revisar el modelo de desarrollo

La pregunta clave que se plantea para los responsables políticos tunecinos es la necesidad de reconsiderar el modelo de desarrollo tunecino, un modelo que no sólo ha generado un número creciente de personas excluidas del mercado laboral, sino que también ha florecido a la sombra de formas de gobierno autoritario y contrarias al respeto de los derechos económicos y sociales. De hecho, la excesiva dependencia de la economía tunecina respecto a la economía europea constituye un obstáculo que debe ser superado. Europa representa el 78% de las exportaciones, proporcionando el 65% de las importaciones, genera el 83% de los ingresos del sector turístico, produce el 73% de las IDE (inversiones directas extranjeras) y garantiza el 90% de las remesas hacia Túnez. En suma, el equivalente de las dos terceras partes del PIB tunecino depende directamente de Europa. Por ahora en Túnez, al-Nahda es el único partido que plantea abiertamente este asunto, sin ofrecer estrategias claras para la diversificación. Cabe comentar que por la estrategia moderada y pragmática que ha adoptado, dicho partido solo puede levantar acta de una realidad ineludible intentando tener en cuenta un nacionalismo compartido por una parte significativa de la población. De hecho, esta dependencia con Europa proviene directamente de los términos de la integración internacional de Túnez en la economía global mediante la subcontratación a bajo costo, y en última instancia, por la escasa apertura del país al mundo, contrariamente al mito de Túnez “puente entre el Oriente y el Occidente”. En efecto, a largo plazo, la reflexión sobre el modelo de desarrollo tendrá que centrarse en las posibles formas para aumentar la creación de empleo, elevando el nivel de especialización y el cuestionamiento de un modelo dualista formado por sectores off-shore y on-shore que provocan desigualdades inherentes, por la diversificación de la economía, por la mejora del sistema educativo y de manera general de las infraestructuras necesarias para aumentar la competitividad mediante una mejor adecuación entre la formación y las oportunidades de empleo.

Frente a la intensificación de la competencia global, la mejora de la productividad de los factores de producción, especialmente el trabajo, se ha convertido en una necesidad para el gobierno de Túnez. La integración en la economía de la subcontratación internacional se ha focalizado en torno a presiones sobre los salarios y en la precariedad de las condiciones laborales que desembocan de hecho en una segmentación del mundo del trabajo entre una población protegida, fundamentalmente en el sector público y en algunos sectores privados, y una población que vive al margen de las normas jurídicas y del sistema de protección social, sin pertenecer a los sindicatos y altamente vulnerable, cuyo número sigue creciendo desde el establecimiento del programa de ajustes estructurales a mediados de los años 80. Cabe recordar aquí que el sector informal representaba en 2002 el 40% de los empleos de la población activa, y que los años de crisis no han hecho sino aumentar esa proporción. En un contexto de liberalización que provocó la desestabilización de los asalariados en los años 70, el sistema de protección social buscaba más compensar el empobrecimiento real de dichos asalariados que incorporar las categorías vulnerables en número cada vez más creciente. La especialización del sector privado al igual que la subcontratación off-shore a bajo costo y la debilidad del sector on-shore limitaron considerablemente sus capacidades para crear empleo cualificado. En ese sentido, a pesar de la liberalización y de la aceleración de las privatizaciones, el sector público sigue siendo, con el 52% de empleos creados, la locomotora en términos de creación de empleo en el país.

El sector off-shore alcanza el 34% del total de las exportaciones de Túnez, 70% de las exportaciones manufacturadas y contribuye a crear el 17% de los empleos y a cubrir el 80% del déficit corriente. La intensificación de la competencia internacional, que tira el coste del trabajo hacía abajo, ha estancado la afluencia de las IDE hacia Túnez. Desde 1998, los resultados positivos en términos de las IDE se explicaban en gran medida por las inversiones en el sector de los hidrocarburos y la aceleración del proceso de privatización: el gobierno había acelerado el proceso de privatizaciones a partir del año 2000 y había abierto los mercados de las obras públicas a las empresas extranjeras con el fin de compensar las escasas inversiones directas extranjeras. Dicha situación refleja sin duda una desaceleración del sector off-shore (deslocalizaciones extranjeras o subcontratación local para filiales extranjeras) y, en general, el bloqueo del doble modelo de desarrollo. El desarrollo en los últimos años de los centros de llamadas (Call center) en Túnez debe probablemente inscribirse en el intento de reproducir la estructura económica dualista extendiendo las actividades off-shore a la economía de los servicios. Sin embargo, esta reorganización se llevó a cabo esencialmente en los segmentos “inferiores” de la escala internacional de especialización, segmentos débiles en transferencia tecnológica y en conocimientos y solicitudes de una mano de obra titulada “barata”. Este segmento dirigido a la creación de 10.000 a 15.000 puestos encarna el fenómeno de la proletarización de los titulados y la reproducción de una especialización internacional de “gama inferior”. Frente a esa situación, los responsables políticos parecen conscientes de las limitaciones del modelo de desarrollo y siguen recordando la necesidad de adecuar formación y empleo, la necesidad de mejorar el sistema educativo, de mejorar las infraestructuras, la transformación del sistema de incentivos para que sea menos favorable a los trabajadores sin cualificación, así como la necesidad de elevar el nivel y aumentar el valor añadido. Dichos responsables políticos no proponen no obstante reflexiones elaboradas susceptibles de implementar sus orientaciones económicas.

Conclusión

La situación actual se caracteriza por una tendencia a centrarse en “la política” y marginar los problemas económicos y sociales en el nombre de la transición y las prisas por el establecimiento de normas de convivencia democrática. Tal y como los hechos anteriores manifiestan, esta preferencia es problemática, ya que las cuestiones económicas y sociales son cuestiones altamente políticas que solo pueden responder a las expectativas, las demandas, las reivindicaciones de aquellos que han gestado la revolución. Señalar las paradojas de la situación actual, las continuidades con el período anterior, las cuestiones de desarrollo, la falta de reflexión no es una constatación del fracaso de la revolución, por el contrario trata de hacer hincapié en los puntos de discordia y los conflictos por cuestiones económicas fundamentales para el período de transición.