Las elecciones que se desarrollaron con éxito el 18 de febrero de 2008 son lo más cercano a unos comicios libres y transparentes que el país ha experimentado en las últimas tres décadas. Los paquistaníes han dado claramente la espalda al presidente Musharraf y sus políticas y han expresado su deseo de cambio, democracia, justicia y Estado de Derecho.

El Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) se ha reafirmado como partido nacional y el partido de los ciudadanos pobres de las zonas rurales de Sindh y el cinturón Siraiki en el sur del Punjab, mientras que la Liga Musulmana de Pakistán Nawaz (PML-N) ha recuperado el apoyo del electorado en los distritos urbanizados del norte del Punjab. La Liga Musulmana de Pakistán Quaid-e-Azam (PML-Q), que respalda a Musharraf, con pretensiones de constituirse en una tercera fuerza política, sufrió una derrota aplastante. En la Provincia Fronteriza del Noroeste la coalición de partidos religiosos del Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) fue derrotada, lo que no constituye ninguna sorpresa: el Jamaat-e Islami boicoteó las elecciones y el principal componente de la alianza, el Jamiat-e Ulama-e Islam (JUI), se había vuelto muy impopular al ser considerado partidario de Musharraf y responsable del auge del extremismo islamista y, quizá lo que es más importante, porque los electores se sintieron engañados al no cumplir la MMA su promesa de introducir la sharia en su vertiente de justicia social. Este resultado fue una prueba para los que todavía tenían dudas de que el auge de los mullahs en 2002 fue artificial y que la amenaza de que los partidos islamistas arrasarían en las urnas no era real. Los nacionalistas laicos del Partido Nacional Awami (ANP) han recuperado el apoyo del electorado y formarán el gobierno provincial de Peshawar.

Sin embargo, como se esperaba, el sistema electoral que rige en Pakistán de mayoría simple ha repartido los escaños entre los partidos de modo que ninguno ha obtenido la mayoría a nivel nacional. El PPP, el PML-N y el ANP han decidido apoyarse mutuamente en la Asamblea Nacional y en las provinciales. Por primera vez, los que hasta ahora eran rivales encarnizados, han formado una alianza estratégica y se han prometido trabajar en colaboración. Digan lo que digan, tanto Nawaz Sharif como Asif Ali Zardari tienen el deseo de seguir una política de venganza que es parte consustancial de la cultura política paquistaní.

El juego no ha terminado y muchos se preguntan si el PPP y el PML-N van a poder caminar juntos mucho tiempo. Es evidente que el PPP y el PML-N tienen agendas políticas dispares y desean conseguir poder a toda costa. El restablecimiento del poder judicial a la situación anterior al 3 de noviembre es la máxima prioridad para Nawaz Sharif, que ha ganado credibilidad manteniéndose firme en su demanda, mientras que Asif Ali Zardari se muestra muy evasivo sobre este tema. Nawaz Sharif, que no reconoce a Musharraf como jefe de Estado legítimo, no cede un ápice de su consigna programática «echar a Musharraf, reponer al presidente del Tribunal Supremo», mientras que Asif Ali Zardari, que desea mantener abiertas todas las opciones, se muestra ambiguo sobre cuestiones clave y parece dispuesto a cohabitar con Musharraf, aunque resistiera las presiones de Estados Unidos de formar alianza con los partidos que apoyan a Musha­rraf. Se especula que el candidato del PPP a Primer Ministro sólo tendría como finalidad «guardarle el sitio» a Zardari, quien podría presentarse a unas elecciones complementarias para conseguir un escaño en la Asamblea Nacional y acceder al puesto de Primer Ministro, medida que no será bien recibida por la vieja guardia del PPP.

La amenaza de que los partidos islamistas arrasarían en las urnas no era real

Las luchas por el poder continuarán. No se puede descartar a Musharraf

Las luchas por el poder seguirán durante algún tiempo y no se debe descartar demasiado rápido a Musharraf, pues aún puede ser una fuente de inestabilidad. Todavía no ha aceptado su derrota y sigue contando con el apoyo de Estados Unidos, como lo han demostrado las presiones diplomáticas a los partidos políticos para que aseguren su supervivencia y, hasta el momento, no es visto todavía como una carga por el ejército. Es más, ha demostrado que es bueno manipulando a los partidos políticos y explotando sus divisiones internas. Está tratando de resucitar el PML-Q y promover una alianza pro Musha­rraf, sabiendo que se encuentra seguro mientras el PPP no presione para el restablecimiento de los jueces depuestos en su día, lo que podría llevar a su inhabilitación. Se planteará una moción de censura en la Asamblea Nacional, pero el procesamiento de Musharraf no es una posibilidad inmediata.

No existe ninguna fórmula mágica para sacar al país de la crisis. ¿Estará el nuevo gobierno a la altura de las expectativas de los ciudadanos? La economía está en tan mala situación que no va a haber luna de miel, ¿podrá el gobierno hacer frente a los inmensos retos a los que se enfrenta?

CAMBIOS ESTRUCTURALES

El país se encuentra inmerso en una crisis de confianza en el gobierno del Estado. Para conseguir estabilidad deberán abordarse antes los problemas de tipo estructural existentes.

El desafío fundamental es el restablecimiento del Estado de derecho y la Constitución de 1973. Pero existe el riesgo de que el nuevo gobierno se hunda en discusiones sobre cuestiones constitucionales y quede estancado en un punto muerto. El PPP y el PML-N quieren reinstaurar la Constitución de 1973, pero es posible que no se pongan de acuerdo sobre las partes de la muy enmendada Constitución que deberían ser restablecidas. Existe un consenso en cuanto a la reducción del poder de Musharraf, lo que significa la revocación del artículo 58-2-b de la Constitución, que confiere al Presidente el poder de destituir al Primer Ministro y disolver la Asamblea Nacional. Pero aunque el PPP y el PML-N, junto con el ANP y los independientes, consigan sumar una mayoría de dos tercios en la Asamblea, la configuración política del Senado es totalmente diferente y aunque la mayoría del PML-Q en el Senado está empezando a perder fuerza, el requisito de dos tercios para la realización de enmiendas a la Constitución es todavía un sueño lejano.

Otro problema estructural es el de la autonomía de las provincias, previsto en la Constitución de 1973 pero nunca aplicada en la práctica. La cuestión de la autonomía provincial, que apareció con frecuencia durante la campaña electoral, es necesaria para poner fin a la alienación de las provincias y conseguir la reconciliación nacional. La reconfiguración de la fórmula de reparto de poderes entre el gobierno central y las provincias está pendiente desde hace mucho tiempo. El boicot de los partidos nacionalistas de la provincia de Baluchistán no fue una estrategia acertada y ha de encontrarse una solución política al conflicto para poder dar a la provincia un mayor control sobre sus recursos naturales.

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Aun cuando los abogados mantuvieran su presión, la reposición de los jueces y los problemas constitucionales no deben hacer sombra a los problemas reales. Según una encuesta realizada antes de las elecciones por el Instituto Republicano Internacional (IRI), los problemas que más preocupan a los paquistaníes son la inflación (55%) y el desempleo (15%). Los ciudadanos han votado por el cambio; han perdido la paciencia y quieren ver una mejora en sus vidas. El nuevo gobierno ha recibido una herencia de mala gestión económica que primaba el consumo, especialmente de artículos importados. La liberalización del crédito y un volumen récord de remesas procedentes de la emigración paquistaní ha traído un boom de consumismo. Una clase media que ha visto aumentar sus ingresos en los últimos tiempos está gastando dinero en centros comerciales y restaurantes, mientras que las clases más desfavorecidas se las ven y se las desean para adquirir lo básico.

El 7% de crecimiento del PIB es ficticio e insostenible, además de que no se ha dejado sentir en las clases con menos recursos; muchos piensan que las políticas de Musharraf han creado pobreza. Pakistán se queda con la carga de una ingente deuda exterior, una inflación de dos dígitos, un déficit comercial sin precedentes y unas desigualdades cada vez mayores en su población.

Los paquistaníes no quieren un sistema político dominado por el ejército

El gobierno saliente ha tomado la decisión largamente dilatada de recortar subvenciones e incrementar entre el 7% y el 10% los precios de electricidad y combustible, lo que agravará la inflación y golpeará nuevamente a la población, que ya sufre escasez de electricidad y gas. ¿Podrán el PPP y el PML-N resolver estos graves problemas y mejorar la vida de los más desfavorecidos?

LEGALIDAD Y ORDEN PÚBLICO

La relación entre los estados civil y militar, otro de los grandes retos que Pakistán tiene por delante, deberá ser replanteada para dejar al ejército fuera de la política. Las elecciones se han considerado libres en gran parte porque el ejército se ha mostrado imparcial y no interfirió en el proceso. Los paquistaníes no desean un sistema político altamente centralizado y dominado por el ejército.

El general Kayani ha decidido dar marcha atrás a las políticas del general Musharraf y ha retirado completamente al ejército de los asuntos políticos civiles para poder actuar con eficacia contra los peligros internos. Ha asumido la jefatura en un momento en que las fuerzas armadas están desacreditadas y han perdido moral y su prestigio. En el ejército se da una polarización étnica (etnia pastún frente a la punjabi) y un conflicto ideológico (entre los defensores y los detractores de Estados Unidos) y es considerado por muchos como un «ejército de mercenarios» que luchan en una guerra para defender los intereses de Estados Unidos. Para empeorar la situación, el asalto a la Mezquita Roja de Islamabad (operación que recibió el nombre en clave de Operación Silencio) ocurrido en el mes de julio y el posterior baño de sangre tuvieron una desastrosa repercusión en la imagen de los militares.

El reto más difícil para el nuevo gobierno es el restablecimiento del Estado de Derecho y la seguridad del país.

Los atentados terroristas en 2007 dejaron alrededor de 3.500 muertos y más de 5.300 heridos, muchos de ellos con discapacidades de por vida. Se produjo un claro aumento de los atentados después de la operación contra la Lal Masjid, la Mezquita Roja, momento álgido de la confrontación. El asalto a la mezquita fue consecuencia directa de la ambivalencia de Musharraf frente a los radicales islámicos. El Estado prefirió esconder la cabeza en la arena y seguir una política de condescendencia hacia los grupos extremistas, tolerando su reclutamiento y la actividad de grupos prohibidos bajo nuevas denominaciones.

Cincuenta y seis atentados suicidas con explosivos –44 después de la Operación Silencio– se registraron en 2007, dirigidos en su mayor parte contra el ejército y la policía. Los atentados tienen como finalidad desmoralizar a las fuerzas armadas, lo que ha se ha conseguido en parte. La pausa estratégica observada durante las elecciones duró sólo una semana. Las muertes siguen produciéndose: en 2008 se han registrado ya 54 explosiones que han causado la muerte a más de 300 personas.

El mayor reto es el restablecimiento del Estado de Derecho y la seguridad

El gobierno de Musharraf no consiguió frenar la violencia; ¿qué va a hacer el nuevo gobierno para detener a los radicales? La participación de Pakistán en la «guerra contra el terror» encabezada por Estados Unidos se ha considerado por muchos como la causa de la inestabilidad y de la multiplicación de la violencia islamista en el país. ¿Tendrá éxito el nuevo gobierno donde ha fracasado Musharraf y podrá convencer a la población de que Pakistán necesita combatir el extremismo por su propio bien y no porque Estados Unidos quiera que lo haga?

LA «TALIBANIZACIÓN» DE LAS ÁREAS TRIBALES

Hace ahora cinco años que Pakistán desplegó tropas en las Áreas Tribales de Administración Federal (FATA, en sus siglas en inglés), pero el gobierno no ha podido controlar la zona y ha causado el aislamiento de la población tribal. La «talibanización» –mezcla de islam literalista, valores pastún reinventados y antiamericanismo– de esas áreas no se ha producido de la noche a la mañana. Las áreas tribales han sido marginalizadas desde 1947; la falta de reformas políticas y la persistencia de estructuras legales y administrativas coloniales son una fuente de resentimiento. La situación actual es el resultado de un movimiento social que se remonta a la década de 1970 y a la importación de una ideología islamista en la de 1980, cuando las Áreas Tribales fueron utilizadas como base de operaciones de los muyahidines afganos. La islamización de los pastunes fue un subproducto de la yihad afgana y se utilizó para luchar contra la amenaza interna del nacionalismo pastún. El resultado fue la desorganización social y la polarización. Los ancianos tribales fueron marginados, produciendo el aumento del poder de los grupos religiosos, cada vez con mayor autonomía, ya que la ley del gobierno paquistaní era ineficaz en las áreas tribales.

La introducción del sufragio universal en las Áreas Tribales en 1997 –aunque sin partidos políticos– tuvo como fin sacar a éstas de su aislamiento y benefició sobre todo a los partidos religiosos, especialmente el JUI. Se produjo entonces un cambio en las relaciones de poder, dando un nuevo estatus a los mullahs. Las elecciones de octubre de 2002, que coincidieron con el resurgimiento de los talibanes, aceleraron la erosión de las estructuras tradicionales ya que mullahs vinculados al JUI fueron elegidos como miembros del Parlamento. Tras la intervención estadounidense en Afganistán, los radicales extranjeros que huían de Afganistán entraron en las áreas tribales, en las que llevaban años creando redes de ayuda. Prácticamente cada tribu les dio acogida, activa o pasivamente, como invitados.

Desde 2003 las operaciones militares han creado las condiciones para la aparición de nuevos actores que han capitalizado la hostilidad contra la presencia en las Áreas Tribales de las fuerzas paquistaníes, vistas como aliados de los americanos, y han compensado su falta de legitimidad tribal con su carisma, sus credenciales yihadistas y su acceso a los recursos.

El sistema calculó mal la complejidad del problema. Las operaciones se llevaron a cabo bajo intensa presión de Estados Unidos, después de que el método tradicional del palo y la zanahoria fracasara, y mientras los ancianos de las tribus quedaban bloqueados por las negociaciones con la administración política alineada con el ejército. Se produjeron atentados con bomba durante el proceso de negociación y las operaciones militares fueron consideradas traición por los ancianos.

No hubo una estrategia uniforme para hacer frente al extremismo activista, yendo del uso de la fuerza a la mesa de negociación. Cuando nada ha funcionado, el gobierno ha capitulado y se ha decantado por hacer concesiones y mirar para otro lado. En ningún momento la política del gobierno ha estado dirigida a acabar con el extremismo, sino a confinarlo en las Áreas Tribales, con la esperanza de que no trascendiera a las demás áreas y ciudades de la Provincia Fronteriza del Noroeste.

El desastre de Kalusha en 2004 cambió la dinámica, forzando al ejército a firmar acuerdos de paz con los extremistas. Estos acuerdos les ha dado legitimidad y les ha permitido consolidarse y territorializar su poder, dándoles de hecho el liderazgo político en la Provincia. Los extremistas han aprovechado en su favor la cólera local ante la corrupción de los dirigentes tradicionales y la situación general de ausencia de ley y han tenido éxito donde el gobierno y las instituciones tradicionales habían fracasado, erigiéndose en autoridad moral alternativa y accesible. Los nuevos dirigentes han creado una base de poder dentro de la población, especialmente entre los jóvenes desempleados y marginados y los segmentos más desfavorecidos de la sociedad.

La «talibanización» de las áreas tribales fue un subproducto de la yihad afgana

Muchos factores explican por qué los extremistas disfrutan del apoyo de las tribus. Los extremistas han manipulado los símbolos culturales y de identidad para movilizar a la población. Promueven una versión purificada e igualitaria de un orden islámico más en línea con los ideales tribales de la zona. Es tradicional dar refugio y existe la propensión a ponerse del lado de todos los que se oponen a Estados Unidos. No debe olvidarse el factor miedo: las tribus son reducidas a rehenes, atrapadas entre los bombardeos y los extremistas que asesinan a los que se atreven a desafiarlos y se ponen del lado del gobierno. Los extremistas ofrecen además una dimensión económica: los emprendedores tribales han encontrado nuevas oportunidades de beneficiarse y los extremistas proporcionan nuevas formas de empleo a los jóvenes. Para ellos, la identificación con los extremistas que proclaman ser los verdaderos defensores de las tribus y de los valores tribales es también una forma de reafirmarse en su identidad y de saber lo que quieren ser. Por último, los conflictos locales se resuelven en el contexto de operaciones militares. Las tribus forman alianzas oportunistas unas veces con el gobierno y otras con los extremistas con el fin de sacar ventaja en los conflictos locales; los clanes menos importantes instrumentalizan a los talibanes locales o a los extremistas extranjeros para contrarrestar la preponderancia de un clan más poderoso.

LA NUEVA DINÁMICA DE LA PROVINCIA FRONTERIZA DEL NOROESTE DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El ANP ha ganado por una amplia mayoría en las elecciones y será el encargado de formar el gobierno provincial en coalición con el PPP. Muchos paquistaníes creen que los pastunes son propensos a la violencia, pero las elecciones han demostrado que son como cualquier otro ciudadano y que tienen las mismas prioridades: seguridad, empleo, justicia, acceso a los productos básicos; problemas reales que la coalición del MMA no ha sabido resolver.

Los atentados siguen produciéndose; unas 60 explosiones se han registrado en la Provincia Fronteriza del Noroeste en lo que va de 2008, con más de 300 muertos y cientos de heridos. Los ataques a los convoyes militares y los puestos de control de la policía en las afueras de Peshawar son resultado de las operaciones en la Provincia. ¿Podrá el nuevo gobierno frenar la «talibanización» y restablecer la paz?

¿Podrá el nuevo gobierno frenar la «talibanización» y restablecer la paz?

El ANP quiere dar una imagen más moderada de los pastunes. El partido fue elegido por el programa presentado, que promete la autonomía de la provincia, un cambio de nombre y la restauración del Estado de Derecho por medio de negociaciones. El partido se opuso a las operaciones militares en las Provincias Tribales, que denunció como genocidio contra los pastunes y causa del aumento de la violencia en la zona. Siempre se ha opuesto a la hegemonía de Estados Unidos y desea buscar el diálogo con los extremistas para restablecer la paz «de acuerdo con las normas y tradiciones pastún» mediante la utilización del yirga (consejo tribal), lo que pondrá en juego los intereses americanos. Estados Unidos tiene interés en mantener un nivel mínimo de inestabilidad en la Provincia, puesto que si hubiera paz los extremistas se volverían más activos en Afganistán. Hay varios ejemplos de ataques de misiles estadounidenses justo en el momento en que un acuerdo está a punto de ser firmado con los extremistas.

Según algunas fuentes, el general Kayani había elaborado un nuevo plan para la reconciliación nacional que no restaba fuerza al compromiso de Pakistán con la «guerra contra el terror». Su propósito era nuevamente contener a los extremistas entregándoles las áreas tribales a cambio de que pactaran no atacar a las fuerzas paquistaníes. Con ello, el ejército quería conseguir la paz y ayudar a los pastunes laicos del ANP a recuperar su influencia en la zona. Pero después del asesinato del cirujano jefe del ejército en Rawalpindi, los atentados suicidas contra la Escuela Naval de Lahore y contra un yirga en Darra Adam Khel, se ha abandonado este plan y se espera la organización de operaciones militares a gran escala. Este giro de los acontecimientos podría desestabilizar el gobierno provincial.

Estados Unidos quiere mantener un nivel de inestabilidad en las Provincias Tribales

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha anunciado que podría destinar más de 400 millones de dólares a la mejora del Cuerpo Fronterizo y entrenar a 85.000 paramilitares. Los soldados americanos podrían acompañar a las tropas en misiones «hasta el punto de contacto» con extremistas, como hacen en Iraq. Pakistán se ha resistido siempre a la participación americana directa con sus fuerzas y ha rechazado la propuesta de incorporar personal militar estadounidense como oficiales de enlace, por el efecto contraproducente de estas iniciativas. Hay también conversaciones para armar a las tribus progubernamentales contra otras tribus (el llamado modelo Anbar), lo que sería la mejor receta para el desastre. Los pastunes nunca se aliarían con una fuerza opositora contra la sociedad tribal.

No se puede llevar la paz a la Provincia Fronteriza del Noroeste por medios militares; la región tiene un historial yihadista, las tribus no han perdido nunca una batalla en su suelo y Estados Unidos podría caer en la misma trampa que los británicos y quedar atrapados en una guerra interminable con los radicales pastún.

CONCLUSIÓN

Se presenta una oportunidad histórica que no debe dejarse escapar. Los paquistaníes no desean una repetición de los fracasos vividos en la década de 1990.