«El Pakistán ha experimentado un crecimiento económico extraordinario desde su anterior Examen de las Políticas Comerciales en 2002, principalmente como resultado de sus regímenes de comercio y de inversiones relativamente abiertos, sus acertadas políticas macroeconómicas y sus reformas estructurales, que también han contribuido a la reducción del desempleo y la pobreza». Así comienza el último informe sobre las políticas y prácticas comerciales del Pakistán publicado por la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en enero de 2008. Ciertamente, la economía del país ha mejorado en los últimos 8 años y en lo que respecta a algunas macro-magnitudes el cambio ha sido radical. Como señala la OMC, las acertadas políticas económicas han sido muy importantes para que ese cambio se lleve a cabo. No obstante, el 11 de septiembre de 2001 tuvo una importancia fundamental para la estabilidad económica y política de Pakistán. A partir de ese momento, Pakistán pasa a ser un Estado central en la llamada guerra contra el terrorismo. EEUU y el Ejército paquistaní forjaron una alianza estratégica, uno de cuyos primeros dividendos consistió en la ayuda para la superación del problema de balanza de pagos que Pakistán arrastraba desde la crisis de 1999.

Esta alianza del Ejército con los EEUU ha tenido consecuencias muy importantes, más allá de la mera asistencia económica. Por un lado, ha propiciado un distanciamiento de las esferas oficiales del fundamentalismo islámico que a su vez ha tenido efectos tanto en la política interna y en la política exterior de Pakistán. Por otro lado, la mala imagen de EEUU por las campañas militares en Iraq y Afganistán ha repercutido en la reputación del Ejército, alejándolo progresivamente de la sociedad paquistaní. Estas circunstancias han provocado que el precio del apoyo del Ejército al General Musharraf, que es visto como la representación de dicha alianza, aumente considerablemente. Como resultado, la tradicional participación del Ejército en la economía nacional ha alcanzado cotas muy elevadas. A su vez, la falta de legitimidad del régimen de Musharraf y su empeño en ser reelegido le ha restado margen de maniobra para llevar a cabo una serie reformas necesarias para la economía, sin las cuales los buenos resultados obtenidos en los años anteriores pueden evaporarse.

Vamos a dividir el análisis de la economía política de Pakistán durante los últimos 8 años en tres partes. En primer lugar vamos a estudiar los avances económicos de los últimos años analizando los factores que han sido fundamentales para lograr esa progresión. A continuación veremos cómo parte de esos factores han llevado a que el Ejército haya participado de forma creciente en la economía nacional. Concluiremos este artículo con la previsible evolución de la economía y la herencia de Musharraf para el nuevo gobierno.

EL IMPULSO ECONÓMICO (1999-2006)

Para valorar el cambio que se ha producido en la situación económica de Pakistán conviene señalar que Pakistán en el año 1999 se enfrentó a una crisis de balanza de pagos por la que se llegaron a congelar las cuentas bancarias en moneda extranjera, con una deuda externa que representaba el 66 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda pública del 100% del PIB. A final de 1999 sólo contaba con reservas de divisas para cubrir dos semanas de importaciones, el déficit público era superior al 6% del PIB y el volumen de las remesas de emigrantes e inversión extranjera era reducido y estaba en retroceso. Entre 1996-1999 la media del crecimiento del PIB no superó el 3,5% y se produjo un aumento de los niveles de pobreza y de desempleo.

La falta de legitimidad de Musharraf y su empeño en ser reelegido le ha restado margen de maniobra para llevar a cabo reformas necesarias para la economía, sin las cuales los buenos resultados obtenidos pueden evaporarse

La situación al final del año fiscal 2007 (1 de julio al 30 de junio) era muy diferente. Durante los 5 años anteriores, el PIB ha crecido a una tasa media del 7%. Este crecimiento ha estado basado en una fuerte demanda interna que ha llevado a triplicar las importaciones entre los años 2003 y 2007. Las exportaciones no han seguido ese ritmo a pesar de haberse duplicado en el mismo periodo, por lo que el resultado es un déficit comercial cercano al 10% del PIB y un abultado déficit por cuenta corriente. Este déficit ha podido ser financiado gracias a las remesas y la inversión extranjera, que también han permitido acumular en torno a 16.000 millones de dólares de reservas, el equivalente a 7 meses de importaciones. Por último, en febrero de 2004 Pakistán realizó su primera emisión de bonos en los mercados financieros internacionales desde la crisis de 1999.

Entre los años 1999 y 2005 el PIB casi se duplicó, pasando de 61.500 millones de dólares a 111.000 millones de dólares y en el año fiscal 2007 alcanzó los 147.800 millones de dólares. Este crecimiento del PIB ha posibilitado que la renta per cápita esté a punto de alcanzar los 1.000 dólares y ha situado a Pakistán en los países de desarrollo medio según el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Como consecuencia del crecimiento, el desempleo ha disminuido –del 8,3 por ciento en 2001/2002 al 6,2 por ciento en el primer semestre de 2006/2007–, al igual que los niveles de pobreza, si bien éstos siguen siendo muy elevados: actualmente, casi una cuarta parte (una tercera parte en 2000/2001) de los paquistaníes viven con menos de un dólar al día, especialmente en las zonas rurales, en las que reside el 65 por ciento de la población. En el mismo periodo Pakistán ha caído 6 puestos en el ranking de los 50 países con mayor deuda externa, en términos absolutos, pasando del puesto 18 en 2000 al 26 en 2007, y en este año ha desaparecido de la lista de los 50 países con mayor ratio de servicio de la deuda, habiendo ocupado en 2001 el lugar número 27 junto a la República Centro Africana.

Para hallar una explicación a los resultados económicos conseguidos hay que tener en cuenta tres factores importantes: en primer lugar, el régimen instaurado por el General Musharraf tras el golpe de Estado del 12 de octubre de 1999; las políticas económicas llevadas a cabo por el equipo de Shaukat Aziz; y fundamentalmente, la alianza forjada entre EEUU y el Ejército paquistaní a raíz de los atentados del 11 de septiembre.

Durante los años 1988-1999 Pakistán vive un periodo de inestabilidad política que ha sido calificado como la década de la «democracia desacreditada», no sólo por la inestabilidad institucional sino por los altos índices de corrupción que se registran durante esta etapa. El golpe de Estado de Musharraf derroca a un gobierno elegido democráticamente, pero es recibido con alivio por la población debido a la crisis de la economía, la sociedad y el Estado que a finales de los 90 había alcanzado un punto crítico. La instauración del National Accountability Bureau, aunque concebido en parte para desacreditar a los rivales políticos de Musharraf, consigue reducir los niveles de corrupción. Además, se inicia una etapa de cierta estabilidad política, que va a estar acompañada de una considerable libertad de prensa y el nacimiento de nuevos canales de televisión privados independientes. Todo ello favorece un clima económico propicio para que aumente la confianza de empresarios y consumidores.

Casi una cuarta parte de los paquistaníes vive con menos de un dólar al día, especialmente en las zonas rurales, en las que reside el 65% de la población

Una de las primeras medidas que toma el entonces General Musharraf fue el nombramiento de uno de los vicepresidentes de Citibank como Ministro de Finanzas, el Sr. Shaukat Aziz, quien ha ocupado este cargo desde el 26 de noviembre de 1999 hasta el 15 de noviembre de 2007.

Si la estabilidad política y la prudencia económica han sido necesarias para la buena marcha de la economía, es la participación de Pakistán en la «guerra contra el terrorismo» lo que otorga la posibilidad de que se produzca ese crecimiento

Pakistán se enfrentaba a finales de la pasada década con 5 grandes retos económicos: mejorar el clima macroeconómico y la situación económica general, restaurar la confianza de los inversores, reavivar el crecimiento económico y recuperar la soberanía financiera. La política económica ha perseguido reducir los déficit externo y fiscal, mantener la inflación controlada, acumular reservas en moneda extranjera y mantener el tipo de cambio estable, todo ello junto con la puesta en marcha de un buen número de reformas estructurales: reformas fiscales, en los mercados de capitales, desregulación, privatización y reformas en el sector financiero. Las políticas macroeconómicas ortodoxas, como la Ley de Responsabilidad Fiscal y Limitación de la Deuda de 2005 junto con la mencionada desregulación y liberalización de numerosos sectores de la economía han contribuido a que la economía de Pakistán haya alcanzado un nivel máximo de crecimiento del 9% en 2004/2005, que disminuyó al 6,6% por ciento en 2005/2006 y volvió a elevarse al 7% en 2006/2007.

Ahora bien, si la estabilidad política y la prudencia económica han sido necesarias para la buena marcha de la economía, es el cambio de estatus internacional de Pakistán, gracias a su participación en la guerra contra el terrorismo, lo que otorga la posibilidad de que ese crecimiento se produzca. La alianza de EEUU con el Ejército paquistaní supone en primer lugar la pérdida del estatus de paria internacional que habían conllevado, primero, las pruebas nucleares de mayo de 1998 y, posteriormente, el golpe de Estado del General Musharraf.

Esta situación la podemos definir como un shock de oferta para Pakistán que ha tenido consecuencias positivas. De forma directa, Pakistán consigue, justo después de apoyar la intervención en Afganistán, la renegociación de su deuda externa en el Club de París, recibiendo el tratamiento de país menos adelantado, pero sin el estigma que esa clasificación implica. Otro dato significativo, es el cambio producido en sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En septiembre de 2001 por primera vez en más de 10 años de relaciones, se completa un programa de asistencia y se liberan todos los tramos. Ello posibilita la firma el 6 de diciembre de 2001 de un programa a largo plazo, el PRGF (Poverty Reduction Growth Facility) por un importe de 1.300 millones de dólares y que llega hasta el 5 de diciembre de 2004.

Por otro lado, la UE premia el distanciamiento de Pakistán del régimen talibán, incluyéndole en el SPG Droga lo que otorga el acceso preferencial al mercado europeo a la mayoría de sus productos textiles. Esto supone un estímulo muy importante para las exportaciones textiles paquistaníes que representan el 60% de las exportaciones totales. Por último, los EEUU y otros países apoyan económicamente a Pakistán, tanto mediante ayuda directa como mediante ayuda militar.

Estos tres factores sientan las bases para que junto con el crecimiento de la producción industrial y el consumo, se produzca una multiplicación de la afluencia de remesas de divisas y de la Inversión Extranjera Directa (IDE) que a la postre van a resultar fundamentales para lograr el equilibrio externo, compensando el creciente déficit por cuenta corriente.

Justo después de apoyar la intervención en Afganistán, Pakistán consigue la renegociación de su deuda externa en el Club de París y se completa un programa de asistencia con el FMI

Efectivamente, a partir de 2001 las remesas de divisas enviadas por emigrantes paquistaníes comienzan a registrar un crecimiento muy considerable, desde los 1.000 millones de dólares en que se habían situado desde 1998 hasta los 5.200 millones de dólares, un 3,5% del PIB en el año fiscal 2007. La causa de esta evolución podría estar en la percepción de inseguridad que afecta a las comunidades paquistaníes desde los atentados del 11-S. Ahora bien, también podríamos buscarla en la nueva situación de estabilidad que impone la dictadura del General Musharraf. Sea como fuere, el hecho es que a partir del año 2001 se produce un cambio de tendencia en la evolución de las remesas de divisas recibidas que es fundamental para la economía paquistaní, no sólo para aliviar las presiones de balanza de pagos, sino también las potenciales tensiones políticas, beneficiando directamente a más de 10 millones de habitantes, predominantemente en los extractos bajos de la sociedad. Este cambio de tendencia afecta de forma todavía más acentuada a la IED.

En el caso de esta última, son los factores internos, fundamentalmente estabilidad política y reformas estructurales las que, especialmente a partir de 2004, van a atraer a los inversores internacionales. Las reformas microeconómicas y la continuación de las privatizaciones en sectores clave como el financiero, van a propiciar la afluencia de IED que pasa de una media de 425 millones de dólares entre junio de 1999 y junio de 2002 a superar los 5.000 millones de dólares (un 3,40% del PIB) en junio de 2007. Esta inversión se concentra en un 90% en cuatro sectores: telecomunicaciones, financiero, tabacos y de exploración petrolífera. Ambas partidas han sido capaces de financiar el creciente déficit por cuenta corriente que presenta la economía paquistaní.

La situación de crecimiento económico y estabilidad política se prolonga hasta finales de 2006. A partir de esa fecha se puede observar un agotamiento de los efectos positivos de los tres factores que han contribuido al crecimiento económico. La razón de este agotamiento hay que encontrarla en la naturaleza de los apoyos que ha recibido Musharraf. Para lograr la estabilidad política, el actual Presidente de Pakistán ha contado con el apoyo de la Comunidad Internacional y gracias al exilio (impuesto o elegido) de los dos principales líderes políticos de Pakistán, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, ha gobernado sin apenas oposición política en el interior. Sus principales apoyos han sido los EEUU en el exterior y el Ejército en el interior.

LOS APOYOS DE MUSHARRAF

El apoyo de los EEUU por la participación de Pakistán en la guerra contra el terrorismo ha fortalecido a Musharraf, pero a su vez, este apoyo ha exigido dos cambios de política que han tenido consecuencias en la estabilidad interna: la ilegalización de los grupos yihadistas que operaban en Kachemira y la retirada del apoyo al régimen Talibán. La consecuencia de estos cambios ha sido un aumento de la violencia registrada en el interior de Pakistán. La paralización de la actividad de los grupos yihadistas en el exterior ha propiciado un incremento de su actividad el interior por medio de acciones terroristas suicidas. Por otro lado, la retirada del apoyo al régimen talibán y la posterior caída del mismo ha provocado un enfrentamiento del Estado paquistaní con las tribus que habitan las áreas tribales fronterizas, en las que se han refugiado elementos de al-Qaida. Con distintos grados de intensidad durante estos últimos años, los índices de violencia registrados en Pakistán, junto con la percepción, de ser uno de los núcleos más importantes del terrorismo internacional, han deteriorado gravemente la imagen exterior del país, lo que ha aumentado la prima de riesgo de la inversión. La inversión extranjera se ha dirigido por tanto a sectores en los que la liquidez de las inversiones es mayor o las tasas de retorno de la misma es suficientemente elevada para compensar el riesgo político añadido.

El apoyo militar

El segundo apoyo de Musharraf en estos años ha sido el Ejército, que él mismo llevó a hacerse con las riendas del país, por tercera vez en 60 años. El Tribunal Supremo nombrado por Musharraf convalidó las enmiendas constitucionales incluidas en el Marco para un Orden Legal, por el que Musharraf aumenta los poderes del presidente, a pesar de que mantenía el cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas, y crea el Consejo de Seguridad Nacional, para asegurar la estabilidad política y la continuidad de las reformas económicas. Por tanto, la nueva situación política implica la institucionalización del poder militar en la estructura política en la que un gobierno electo también juega un papel. A cambio de aceptar estas modificaciones, el Tribunal Supremo exigió la celebración de elecciones antes del final de 2002.

Los distintos regímenes políticos que han gobernado Pakistán se han caracterizado no sólo por sus diferentes políticas económicas, sino también por sus específicas ideologías a través de las que se han legitimizado ellos mismos para la práctica del poder político. El régimen de Ayub preconizaba la modernización y el desarrollo económico. Con Zulfikar Ali Bhutto, se propugnó la redención de los desheredados a través del socialismo. Zia-ul-Haq buscó la institucionalización del poder militar mediante la imposición de una versión coercitiva y oscurantista del islam. En realidad, el diseño y la implementación de la política económica durante los diversos periodos estuvo condicionada por la política de cada régimen. La política oficial del régimen de Musharraf ha sido la llamada Enlightened Moderation, esto es, una democracia dirigida en la que los grupos extremistas estuvieran dentro del sistema: una especie de dictablanda, en la que manteniendo una fachada de democracia, el Ejército ha ido penetrando numerosas esferas de la actividad económica, política y burocrática. Esta situación no es nueva en la historia de Pakistán, pero en este caso se ha producido con mayor intensidad.

El Ejército en Pakistán: Military Inc.

Desde el inicio de su historia como país independiente, la amenaza de la India tuvo el efecto de convertir al Ejército en un actor más prominente que el resto. Una vez que el Ejército accede a finales de los años 50 de forma directa al poder adopta una política deliberada de concentración de la renta nacional en manos de grupos de renta alta. Esta política redistributiva ocasiona que diez años más tarde, alrededor de 43 familias dominen la industria, la banca y los seguros y que además tengan un poder considerable sobre las agencias gubernamentales que controlaban los proyectos públicos. Esta política generó graves tensiones sociales, especialmente cuando se produjo una reducción de los salarios reales y aumentó el nivel de pobreza.

El ejército controla un emporio comercial cuyo valor sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Los dos conglomerados empresariales más importantes del país están en sus manos

Es en esta época cuando nace lo que Ayesha Siddiqa denomina como Milbus (Military Business) que define como capital militar utilizado para el uso personal de la fraternidad militar, especialmente los cuadros de oficiales, que no queda registrado como parte del presupuesto de defensa o no sigue los procedimientos habituales de control del Estado, convirtiéndolo en un tipo de capital independiente. Está controlado o bien por el Ejército o bajo su patronazgo implícito o explícito. Para esta autora, el Milbus es un tipo de capital militar que perpetúa el papel del Ejército en política y mediante el cual éste busca lograr una autonomía financiera. El Ejército paquistaní controla hoy en día un importante emporio comercial cuyo valor sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Es más, los dos grupos empresariales más importantes controlados por el Ejército (la Fauji Foundation y el Army Welfare Trust) son los conglomerados empresariales más importantes del país.

El gobierno de Musharraf vuelve en cierta medida a la estrategia de Ayub. Busca apoyos entre las clases empresariales y los terratenientes feudales pero ahora la diferencia con periodos anteriores radica en que esta vez es el Ejército el que trata de controlar la distribución de recursos con el objetivo de consolidar un poder económico que complemente el papel político adquirido a través de su presencia en el Consejo de Seguridad Nacional. Para ello, se potencian tres medios a través de los cuales el Ejército ha aumentado sus intereses comerciales, que han crecido durante este periodo de forma paralela a la institucionalización de su poder e influencia en la toma de decisiones: el nombramiento de militares en puestos claves en la Administración, la asistencia financiera en forma de préstamos y donaciones a las fundaciones militares y la distribución de tierra agrícola y urbana entre los oficiales.

El nombramiento de militares de alto rango, tanto en activo como retirados, para posiciones clave en el gobierno ha sido una de las estrategias que Musharraf ha implementado con el objetivo de llevar a cabo sus planes de modernización. De esta forma, la organización militar ha ocupado los principales puestos de la administración civil. Los años de servicio han sido tenidos en cuenta para desempeñar puestos de confianza. Incluso los militares reconocen que estas políticas debilitan a las propias instituciones, tanto porque merma el crecimiento de las instituciones civiles como porque el personal militar, que no está familiarizado con las instituciones ni sus formas de trabajo, normalmente acaba nombrando personas con las que tienen relaciones personales pero que no son necesariamente idóneas para esos puestos.

La segunda forma mediante la cual ha operado el Milbus en la era Musharraf ha sido a través de sus grupos empresariales que además de haber jugado un papel importante en la puesta en marcha de proyectos, han recibido cuantiosas subvenciones para salvar dificultades financieras. Este ha sido el caso del Army Welfare Trust que entre los años 1999 y 2001 en los cuales ha requerido la asistencia del Gobierno para salvar situaciones financieras delicadas.

Por último, la órbita militar ha participado en la distribución de tierras urbanas para la promoción urbanística, explotadas normalmente mediante Defence House Authorities (DHA) que, gracias al mayor prestigio que disfrutan las promociones urbanísticas asociadas al Ejército y al boom inmobiliario que vive Pakistán, se han convertido en la principal fuente de renta del Milbus.

Aunque reconoce que es difícil de medir, Ayesha Siddiqa estima las fuerzas armadas han amasado activos privados valorados en 10.000 millones de dólares, lo que equivale a casi un 7% del PIB.

CONCLUSIÓN

Durante los últimos 8 años se ha producido una mejora de la economía paquistaní que ha llevado a que aumente el crecimiento del PIB y la renta per cápita, y a que se reduzcan los ratios de deuda y servicio de la deuda. Además de las acertadas políticas económicas y la estabilidad interna, en este artículo hemos señalado que los atentados del 11 de septiembre y la alianza con los EEUU han sido fundamentales para lograr estos resultados. Sin embargo, esta alianza militar ha tenido un alto coste en términos de seguridad interna, que se ha deteriorado gravemente. Debido a que el General Musharraf gobernaba gracias al apoyo del Ejército (hasta finales del año 2007 no abandonó su cargo como Jefe de las Fuerzas Armadas) y que éste pactó con los EEUU participar en la guerra contra el terrorismo internacional, la presión sobre el Presidente Musharraf ha aumentado, debiendo este a su vez apoyarse de forma creciente en el Ejército como fuente de su poder. Este hecho ha tenido dos consecuencias: en primer lugar, el Ejército ha tenido una mayor capacidad predatoria para aumentar su participación en la renta nacional y además, tanto el Ejército, como los elementos que colaboran con él y que dan apoyo a Musharraf han luchado por la permanencia de este último en el poder, de forma que el modelo económico de los últimos años se perpetúe.

La reelección de Musharraf ha tenido un coste muy importante en términos económicos. En primer lugar, porque ha abierto un periodo de inestabilidad política que comenzó con el fallido intento de destitución del Jefe del Tribunal Supremo el 9 de marzo de 2007. En segundo, lugar, porque el segundo intento de destitución ha implicado la suspensión de la Constitución por decreto, generándose una creciente inseguridad jurídica que ha repercutido en la capacidad del país para recibir capitales por inversión extranjera. Por último, el uso de militares para dirigir las principales agencias gubernamentales ha podido ser la causa, en ciertos casos, del retraso en la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura, lo que ha ocasionado graves pérdidas a la industria, especialmente debido a la falta de producción eléctrica para abastecer el sistema.

La herencia económica de Musharraf

La suspensión de la Constitución por decreto ha generado una creciente inseguridad jurídica que ha repercutido en la capacidad del país para recibir capitales extranjeros

A pesar de las reformas técnicas puestas en marcha durante los últimos años se ha echado en falta una verdadera reforma fiscal que aumente la capacidad de recaudación y que eleve la ratio de ingresos fiscales/PIB que languidece en torno al 11%. Esa reducida capacidad recaudatoria, unida a los problemas de liquidez que están afectando a los mercados internacionales están obligando al Gobierno a financiar el déficit fiscal (superior al 4% del PIB) con el recurso a la financiación del Banco Central. Los perniciosos efectos inflacionistas de esta financiación unidos a la evolución de los precios internacionales del petróleo y los alimentos han situado la tasa de interanual inflación en el 17%. De momento, el Banco Central ha mantenido el valor del tipo de cambio nominal de la rupia, lo que ha llevado a una creciente apreciación del tipo de cambio efectivo real por la evolución del índice de precios relativo. Esta tendencia está afectando negativamente a la competitividad de las exportaciones y provocando una ampliación del saldo negativo de la balanza comercial que entre julio de 2007 y febrero de 2008 alcanzó los 12.500 millones de dólares. Para este año fiscal se espera un déficit comercial de 19.000 millones de dólares (comparado con 13.500 millones que registró durante todo el año fiscal 2007), más de un 12% del PIB. Junto a éste, la evolución de la balanza de servicios y de rentas (por intereses y beneficios repatriados) ha llevado a que el déficit por cuenta corriente alcance los 6.138 millones de dólares, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior, por lo que superará muy probablemente los 12.000 millones de dólares al final del año fiscal 2008 (8% del PIB). Esta evolución de la balanza de pagos está poniendo en dificultades al gobierno interino, que ya ha solicitado ayudas a Arabia Saudí, China, Emiratos y Qatar para hacer frente a sus compromisos de balanza de pagos. Sería un final amargo que esta primera etapa del régimen de Musharraf terminara con las mismas dificultades que comenzó en 1999.

En vísperas de que Syed Yousaf Raza Gillani (encarcelado durante cinco años por orden de Musharraf) sea elegido primer ministro de Pakistán, el país se enfrenta a un futuro incierto. En el terreno político está pendiente la decisión sobre la restauración del Tribunal Supremo, lo que tendrá consecuencias sobre la continuidad de Musharraf al frente de la presidencia. En el económico, será necesario llevar a cabo una decidida política de estabilización a corto plazo que corrija los desequilibrios externos e internos, solucionar la crisis energética y profundizar en las reformas necesarias para la economía, fundamentalmente una reforma fiscal que incluya en la red fiscal a la agricultura y los servicios.

Para que Pakistán pueda completar con éxito una transformación estructural similar a la de otras economías asiáticas es necesario que se ponga en marcha una política industrial, que según Felipe, consiste en un ejercicio de coordinación de diferentes actividades entre los sectores públicos y privados con vistas a la identificación de los fallos de mercados que impiden la transformación estructural. Esta política industrial coordinada debe sustituir a las anteriores ideologías que han determinado la evolución de la economía de Pakistán en otros periodos y deben estar lideradas por la sociedad civil. Para ello, es necesario que el Ejército deje espacio a la iniciativa privada en la gestión económica, por lo que es bienvenida la decisión del General Kayani, Jefe de las Fuerzas Armadas, de ordenar la vuelta a sus puestos de los militares en activo que están desempeñando cargos civiles en la administración del Estado. Será también necesario que continúe habiendo autores como Ayesha Siddiqa que contribuyan a dar a conocer los abusos que puedan cometerse por los órganos del Estado. En definitiva, urge que la seguridad jurídica sea respetada en Pakistán. El Presidente Musharraf puede otorgarse el crédito de que bajo su mandato se hayan la celebrado unas elecciones relativamente limpias, crédito que debe compartir con el General Ashfaq Parvez Kayani. El gobierno nacido de las elecciones de febrero tiene la posibilidad de restaurar el imperio de la ley y la seguridad jurídica para lo cual se requerirán grandes dosis de responsabilidad y visión de Estado en los líderes paquistaníes durante los próximos meses.